La biotecnología es definida por la OCDE como “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para alterar el material vivo o inerte, con el fin de producir conocimientos, bienes y/o servicios”. Sus aplicaciones cubren un amplio campo de actividades: salud humana, salud animal, acuicultura, agricultura, producción forestal, alimentación, industria, energía, medio ambiente… Sin entrar en cuestiones éticas –que adquieren una crucial importancia en determinadas vertientes como las técnicas referentes al código genético–, se trata no solo de una disciplina científica con un soberbio futuro, sino que alberga además un gran potencial productivo. Según la OCDE, las aplicaciones económicas de la biotecnología pueden llegar a aportar el 3% del PIB de los países desarrollados en 2030, lo que supondría triplicar el peso de 2020. Dado que es previsible que ese indicador tenga un alto grado de dispersión, esperemos que se tomen las medidas que incentiven a los centros públicos y a las empresas para que nuestro país no se ubique, como es habitual en I+D, significativamente por debajo de tal media.
En España, la biotecnología contribuyó, con una inversión de 2.269 millones de € en 2021, al 13,2% del total del gasto nacional en I+D interna. En la Región de Murcia, los respectivos registros fueron 52,3 millones y un 14,9%, por lo que cabe hablar de una moderada especialización biotecnológica relativa de la I+D regional. El gráfico 1 muestra la composición regional del gasto nacional en el último decenio, destacando las cuotas de Cataluña (creciente) y la de Madrid (descendente). La Región de Murcia, con una aportación del 2,3%, se sitúa en el octavo puesto en 2011 y 2021, si bien presenta una levísima caída de menos de dos décimas entre ambos años. Se trata de una posición poco usual para la mayor parte de los indicadores de I+D, que nos sitúa por encima de regiones de elevada renta por habitante en el contexto nacional –Navarra y Aragón– y a considerable distancia de las contribuciones de comunidades con mayor dimensión económica, como Canarias y Castilla-La Mancha.
Por sectores ejecutores del gasto, los datos del INE para las CCAA solo permiten distinguir el de las empresas, puesto que los organismos investigadores de las AAPP –desde el CSIC al IMIDA–, las universidades públicas y privadas, y las organizaciones sin fines de lucro forman un cajón de sastre: resto de sectores. Además, por razones de secreto estadístico, no se ofrece información sobre cuatro comunidades. La información disponible para las restantes queda reflejada en el gráfico 2, donde figura la participación de las empresas y el resto de sectores en el gasto total de 2021.
Sin subvalorar la relevancia de la investigación básica y aplicada realizada por diferentes organismos e instituciones públicas, resulta indudable que la desplegada por las empresas tiene la virtud de disfrutar de un grado de conexión mayor con la mejora de los procesos y productos que conforman la estructura productiva del territorio en el que desarrollan su actividad. En el tema que nos ocupa, un primer dato es tan elocuente como positivo: la contribución murciana al total del gasto nacional de las empresas en I+D interna se limitó a un 1,7% en 2021, mientras que en el campo de la Biotecnología ascendió al 2,4%. En definitiva, el compromiso empresarial es, en la Región de Murcia, significativamente mayor en este componente de la I+D que en el total.
El gráfico 2 da cuenta de esa participación empresarial en 2021, que se cifró en un 45,7% a nivel nacional, dando lugar a un amplio abanico, desde el destacado máximo del País Vasco (75,3%) al mínimo de Asturias (29,0%). La cuota de Extremadura en el gasto nacional de I+D interna en Biotecnología es imperceptible (gráfico 1), pero se ubica en el segundo puesto en cuando a la relevancia de la fracción empresarial del mismo (58,5%). Cataluña ocupa la tercera posición (49,2%). Y, en cuanto a nuestra comunidad, baste señalar que se situó en la cuarta plaza (47,5%), lo que refrenda esa mayor responsabilidad empresarial con respecto a I+D en Biotecnología. Por tanto, se trata de un valioso activo que, como tal, debería ser muy tenido en cuenta a la hora de implementar políticas orientadas al fomento de la incorporación del conocimiento a nuestro tejido productivo por parte de las autoridades públicas.
