En un contexto global marcado por la innovación tecnológica, la transformación digital y los desafíos sociales y medioambientales, las universidades deben desempeñar un papel central no solo en la generación de conocimiento, sino también en su transferencia efectiva hacia la sociedad.
La transferencia de conocimiento entre universidad y sociedad —que incluye la colaboración con empresas, administraciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general— es esencial para asegurar que el saber académico impacte de manera real y positiva en la vida de las personas. Sin embargo, en muchos sistemas universitarios, y en particular en el español, la transferencia de conocimiento no ha sido tradicionalmente reconocida ni incentivada con la misma intensidad que otras funciones universitarias como la docencia o la investigación. Este desequilibrio debe corregirse si queremos que el conocimiento generado en nuestras universidades se convierta en motor de progreso social.
La historia reciente del sistema universitario español ofrece un ejemplo claro del poder transformador de los incentivos adecuados, el ejemplo más exitoso fue sin duda la implantación de los sexenios de investigación en 1989 que supuso un antes y un después en la calidad, cantidad e impacto de la producción científica española. El profesorado universitario tuvo por primera vez una vía reconocida y retribuida para hacer valer su actividad investigadora. Esto generó un potente estímulo para la publicación en revistas de prestigio, la internacionalización de los trabajos y la mejora de la visibilidad de la ciencia española.
En términos cuantitativos, los resultados han sido espectaculares. España ha pasado de 10.000 artículos indexados en 1990 a más de 120.000 en 2023, consolidándose como una de las diez primeras potencias científicas del mundo. Además, el 60% de estas publicaciones se encuentran en revistas de alto impacto (Q1 y Q2), y el 50% cuentan con coautores internacionales.
Pese a estos avances en el ámbito de la investigación, la transferencia de conocimiento sigue siendo una tarea pendiente en muchas universidades españolas. A menudo se percibe como una actividad secundaria, poco reconocida en las evaluaciones de carrera académica y sin incentivos económicos relevantes. Para revertir esta situación, es necesario desplegar un conjunto de políticas activas y coherentes que reconozcan la transferencia como una función universitaria de primer nivel.
En primer lugar, es imprescindible que esta actividad se integre de forma efectiva en los criterios de evaluación del profesorado, tanto en los procesos de acreditación como en los concursos de promoción y estabilización. No se puede seguir concibiendo la transferencia como un mérito anecdótico o secundario. Deben considerarse como aportaciones valiosas las colaboraciones con empresas, la elaboración de informes técnicos para administraciones públicas, la participación en proyectos con impacto social o incluso la creación de startups de base académica, la participación en contratos con empresas en el marco del artículo 60 de la LOSU (anterior artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades), la explotación de patentes, licencias, dirección de cátedras, acuerdos de innovación social o de una labor destacada en la divulgación científica con proyección pública.
De forma paralela, en segundo lugar, los programas de financiación pública deben incorporar de manera sistemática planes de transferencia en las propuestas de investigación. La evaluación de estos proyectos debe valorar no solo la calidad científica, sino también la capacidad de generar la colaboración con pequeñas y medianas empresas. Esta perspectiva refuerza el papel de la ciencia como herramienta de transformación social.
La evaluación debería estar basada en una combinación de indicadores cuantitativos (ingresos generados, número de patentes, licencias, colaboraciones formalizadas) y cualitativos (impacto social, originalidad de la solución transferida), permitiendo así una valoración flexible, ajustada a la diversidad de perfiles y disciplinas.
Por último, la implantación del sexenio de transferencia puede suponer un cambio radical en la cultura universitaria, reequilibrando las funciones docentes, investigadoras y sociales del profesorado. Al proporcionar un reconocimiento oficial, profesional y retributivo, muchos docentes e investigadores encontrarían el estímulo necesario para orientar parte de su actividad hacia la sociedad, generando un círculo virtuoso de colaboración, innovación y responsabilidad social.
El conocimiento generado en las universidades no debe quedar encerrado entre muros académicos. Solo cuando se transfiere, se comparte y se convierte en motor de transformación social, puede cumplir plenamente su función. La experiencia de los sexenios de investigación ha demostrado que los incentivos funcionan, y que es posible transformar la cultura académica mediante políticas inteligentes y sostenidas. En este sentido, el Anteproyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, promovido por la Consejería de Universidades, apuesta decididamente por incentivar las actividades de transferencia de conocimiento entre el personal de las universidades.
El momento actual exige una apuesta decidida por la transferencia de conocimiento como eje estratégico del sistema universitario. Para ello, la implantación de medidas que incentiven la transferencia de conocimiento no es solo una opción recomendable, es una necesidad inaplazable.
Antonio Caballero Pérez,
Miembro del equipo de Dirección del EMURI y director general de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
