La I+D interna es la realizada por las entidades implicadas –empresas, organismos de las AAPP, universidades…– dentro de sus centros investigadores (Intramuros), a diferencia de la externa, que es la que se adquiere a otras entidades (Extramuros).  El gasto interno, principal referencia de las estadísticas nacionales e internacionales, tiene un componente corriente, en el que la pieza fundamental son los costes laborales del personal de I+D, y otro de capital (plantas piloto, laboratorios, equipo…).

El gráfico 1 nos recuerda la precaria situación de España en el escenario mundial en el último año con información disponible: 2021. El esfuerzo en I+D se limitó a un 1,4% del PIB nacional, equivaliendo a la mitad de la media de la OCDE (2,7%) y a la cuarta parte del país líder: Israel (5,6%). En ese entorno, el registro español, al igual que el de Italia, es tan sistémico como vergonzante y revela el largo camino que hay que emprender para alcanzar al menos cifras homologables a la media de UE-27 (2,2%) que, en su conjunto, está perdiendo terreno frente al resto de grandes competidores en la economía global.

Cierto es que en los últimos años ha habido cierta mejora, pero ha sido insuficiente para converger con el conjunto de la OCDE y de UE-27. En el gráfico 2, ofrecemos la evolución del gasto en I+D en España y la Región de Murcia entre 2015 y 2022. Al menos, hay una nítida tendencia creciente, más firme a nivel nacional que regional, dado que en nuestra comunidad el esfuerzo mayor en términos de PIB data de 2020, año en el que la pandemia supuso una contracción que rondó el 8% de la producción interior. Es evidente la ampliación de la brecha frente al esfuerzo nacional en el último bienio y, por tanto, es un resultado insatisfactorio. Cualquier política en materia de I+D debe pasar una evaluación a posteriori y es necesario revisar a fondo los medios y las prioridades de la misma durante los últimos años.

En la tabla se proporciona la ordenación de las CCAA atendiendo a la ratio Gasto interno en I+D/PIB. Pese a esa negativa divergencia, la clasificación se antoja favorable, ya que no es habitual que la Región de Murcia se sitúe en el 7º puesto en la multitud de indicadores sociales y económicos disponibles. Nuestra comunidad forma un apretado grupo con Galicia, Aragón y Andalucía; regiones que van alternando posiciones dependiendo del año que se considere. Vemos como el sistema español de I+D configura un panorama desigual, que alberga grandes disparidades: a) Solo cuatro regiones (País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña y Navarra) superan el mediocre registro español; b) El esfuerzo del País Vasco quintuplica al de Baleares.

Tan importante como la cifra agregada del esfuerzo lo es su distribución por agentes de la I+D. A tal respecto, hay que señalar que la participación de las empresas es crucial, puesto que constituyen el sector que mejor conoce el entramado productivo, los retos que plantea la competencia y las medidas que deben instrumentarse para el progreso de la productividad y la competitividad. Además del magro esfuerzo, España tiene una carencia básica: el gasto empresarial es insuficiente, de tal forma que se limita al 56,4% del total, cuando en Alemania sobrepasa los dos tercios y en Corea del Sur se alza por encima del 80%. En la Región de Murcia, la cifra se reduce al 49,6%, razón por la cual ese déficit se agrava. Precisamente, en España, el liderazgo vasco se fundamenta en el hecho de que el peso empresarial asciende al 75,7%.

La alternativa no consiste en sustituir el gasto de las universidades y de los organismos públicos orientados a la I+D por gasto empresarial ya que, por ejemplo, en Alemania el esfuerzo en términos de PIB de los dos primeros agentes es muy superior a la media española.  El objetivo prioritario debe ser incentivar el gasto empresarial en I+D mediante todo tipo de medidas, incluidas las fiscales, con el fin de que aumente más rápidamente que el de los otros dos sectores, con la perspectiva de que sus papeles sean complementarios y nunca sustitutivos. El esfuerzo en I+D ha sido siempre necesario; hoy en día, es vital. Estamos en un tiempo histórico en el que las empresas perderán buena parte de su potencial de crecimiento si no apuestan decididamente por la investigación y la innovación. Y si eso ocurre, la consecuencia inevitable es una sustancial erosión del nivel y calidad de vida de nuestra sociedad.

Con esta entrega, cerramos los cuatro análisis destinados al Panel de Innovación Regional (RIS) elaborado por la Comisión Europea, que incluye a 240 regiones. En este caso examinaremos la evolución de las 17 autonomías españolas –particularmente de la Región de Murcia– a lo largo del periodo (2016-2023). En la tabla, además de las comunidades españolas, figuran las cinco regiones más avanzadas y las cinco más atrasadas, con el fin de situar los sistemas de innovación en el escenario europeo. Respecto a las primeras, destaca que tres permanecen en el grupo de líderes en los dos años, que se corresponden con las áreas territoriales de las capitales de Alemania, Dinamarca y Suecia. Las dos suizas pierden esa privilegiada posición a favor de una alemana –Alta Baviera (Múnich)– y otra nórdica: Finlandia Meridional (Helsinki). Nótese que, en las cinco, su RIS baja de nivel relativo (UE-27=100) en el periodo considerado.

En la distribución hay menos cambios en las cinco posiciones últimas. Cuatro regiones rumanas (y una búlgara) se sitúan en los puestos más atrasados en los dos años, junto con dos regiones búlgaras en la plaza 236. En fin, los sistemas regionales de innovación dan lugar a disparidades interregionales muy acentuadas. Basta decir que, en 2023, el nivel del RIS de la región de Copenhague multiplicó por más de ocho al del área suroriental de Rumanía, con el agravante de que las cinco más atrasadas también sufren un deterioro de su índice relativo entre los dos años del intervalo. El término utilizado por la Comisión Europea para este tipo de regiones es el de “emergentes”, lo que no deja de ser un eufemismo si se considera el nivel y la evolución de sus indicadores de innovación.

Las regiones españolas se encuentran en una amplia franja de la ordenación que, en 2023, se extendió desde el puesto 72º del País Vasco al 209º de Canarias. Conviene añadir que, en ese año, solo cuatro se sitúan en la mitad superior de la tabla y, el resto lo hacen en la mitad inferior (trece). Ciñéndonos a su evolución, únicamente las cinco primeras mejoran su posición: de forma firme País Vasco, C. de Madrid, Cataluña, Navarra y, con inferior vigor, C. Valenciana. Las restantes descienden puestos en mayor o menor medida. Las mayores caídas se registran en Castilla-La Mancha (25 plazas), Andalucía (16), Región de Murcia (12) y Extremadura (11). Asturias, Baleares y La Rioja experimentan una bajada de 8 posiciones. En definitiva, dentro del escenario europeo, se produce una divergencia entre las posiciones relativas de las regiones españolas, mejorando su situación las mejor ubicadas y empeorándola las más atrasadas.

En el caso de la Región de Murcia, debe quedar claro que el resultado de 2023 no es esporádico, sino la consecuencia de un declive gradual. En el trienio 2016-17-18, la situación permaneció estable, con una tenue mejora, que propició la mejor plaza (148) en 2018 a lo largo de los dos cuatrienios. En el siguiente (2019-20-21), se registra un empeoramiento que acarreó una caída hasta el puesto 155 en 2021. En el bienio final, persiste esa perniciosa tendencia: 162 en 2022; 163 en 2023. En definitiva, una trayectoria que solo cabe calificar como insatisfactoria. El leve progreso del RIS de nuestra comunidad entre 2016 (76,2) y 2023 (76,7) refleja un tímido avance respecto a la media europea, pero el retroceso descrito es la prueba palpable de que el aumento ha sido superior en otras regiones europeas, entre las que se encuentran Castilla y León, Cantabria y Asturias, que han sobrepasado el nivel de la Región de Murcia entre esos dos años. ¿Acogemos esa negativa senda de nuestro sistema regional de innovación con indiferencia? ¿O con la actitud de que es fruto de fuerzas inexorables ante las que no cabe oponer más que resignación?

Hay una premisa que concita un acuerdo general: la estructura productiva de la Región de Murcia debe ir orientándose gradualmente, pero sin titubeos, hacia actividades intensivas en conocimiento. Para conseguirlo es necesario articular una estrecha y eficiente colaboración entre las AAPP, los centros de investigación y los agentes empresariales, con el objetivo de estimular la inversión en capital tecnológico y capital humano, que es el único camino para incorporar los avances científicos y técnicos –el conocimiento– a los procesos productivos, organizativos y comerciales. Y esa es, sin duda, la clave de bóveda que debe guiar la arquitectura de las políticas regionales que tengan como fin el incremento del crecimiento potencial de la economía murciana.

En la anterior newsletter examinamos los inputs del proceso innovador de las regiones españolas, a partir de los datos del panel Regional Innovation Scoreboard (RIS). Lo habitual es que las aportaciones que utilizan los indicadores de I+D+i concedan más relevancia al esfuerzo realizado (input) que a los resultados alcanzados (output). Hecho que puede quedar reflejado en la clara primacía que ostenta la ratio Gasto en I+D/PIB en el terreno que nos ocupa. Sin embargo, lo realmente importante es el output resultante, es decir, los frutos del proceso de innovación para el conjunto de la sociedad, entre los que cabe destacar los que promueven un enriquecimiento del tejido productivo, mejorando su productividad y competitividad. Obviamente, suele haber una relación entre esfuerzo y resultados, pero se registran asimetrías de mayor o menor trascendencia, como se comprobará a continuación. El gráfico muestra el indicador agregado de los resultados del proceso de innovación en las comunidades autónomas. Los cambios respecto a los correspondientes a los inputs no son menores. A título ilustrativo: a) La Comunidad Valenciana pasa de la 6ª a la 1ª posición, adelantando a País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León; b) Esta última región pasa del puesto 5º al 11º; c) Baleares del 15º al 9º… Y, en lo que más nos concierne, la Región de Murcia progresa cinco plazas, de la 12ª a la 7ª. Sin duda, es mucho más conocido el mediocre registro que nuestra comunidad ofrece en términos de inputs de la I+D+i que el meritorio puesto que, en el concierto nacional, alcanza en relación con el output innovador.

Por tanto, conviene detenerse a analizar los indicadores que determinan ese resultado agregado. La tabla recoge los seis componentes del RIS que, conforme a la selección realizada por COTEC, determinan los resultados del proceso de innovación. Recordemos que los indicadores normalizados con los valores de 240 regiones europeas se circunscriben a un intervalo que se extiende de 0 a 1 y, por tanto, cabe concluir que un montante inferior a 0,5 equivale a un suspenso en tal contexto. La tabla muestra 102 datos relativos a los 6 componentes de las 17 CC.AA. y solo en la cuarta parte de los mismos la nota supera la barrera del 0,5. Por consiguiente, de entrada, las comunidades españolas se vuelven a encontrar en una situación de atraso en el escenario regional europeo. No obstante, la mejora es sustancial respecto a los resultados de los inputs. En el indicador agregado son tres que las que rebasan el umbral de 0,5: Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco. Y cuatro no están lejos del registro anterior: Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Región de Murcia. Sinteticemos la información:

  • % de PYMES innovadoras en productos y procesos. El suspenso es general. Nuestra comunidad con un ramplón nivel de 0,317 se ubica en la 8ª posición.
  • % PYMES innovadoras en procesos organizativos y comerciales. Se reproduce la insuficiencia anterior, incluso con peor nota que, concretamente, en la Región de Murcia cae a 0,284, lo que acarrea ubicarse en la plaza 12ª.
  • En Solicitudes de patentes solo Cataluña aprueba, situándose el registro murciano en 0,359 con el puesto 9º.
  • La mejoría es palpable en Solicitudes de marcas, con siete aprobados, entre los que no se encuentra el País Vasco, pero sí la Región de Murcia, con una cota de 0,731 –alta en el contexto europeo– lo que propicia la 5ª posición a escala nacional.
  • Los resultados de Solicitudes de diseños se encuentran a medio camino de los de patentes y marcas, con cuatro aprobados: Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja y Baleares. Nuestra comunidad con 0,476 se sitúa por detrás de ese umbral, lo que vuelve a situarnos en el 5º puesto.
  • % de Ventas de productos con innovaciones sobre la cifra de negocios. El número de aprobados alcanza un destacado máximo de catorce regiones, con un nivel en el País Vasco (0,913) excelente a escala europea. La Región de Murcia (0,589) se sitúa en la 8ª posición.

         Por consiguiente, pese a evidentes carencias, los resultados alcanzados por las regiones españolas son más solventes por el lado de los outputs que de los inputs. Por otro lado, la situación de nuestra comunidad en el escenario español mejora sustancialmente al progresar de la 12ª a la 7ª plaza, lo que es muy poco frecuente en la mayor parte de los indicadores económicos y sociales. Cabe preguntarse cuáles serían los logros obtenidos con un esfuerzo innovador más cercano a los estándares de la UE. La respuesta es simple: una notable mejora de los resultados alcanzados en un área decisiva para el aumento de nuestro potencial productivo.

En la anterior newsletter ofrecimos información procedente del Panel Europeo de Innovación (EIS), que se refiere básicamente a los estados miembros de la UE. Para garantizar la cobertura estadística de las regiones, la Comisión Europea suministra el Regional Innovation Scoreboard (RIS).Estas dos fuentes de información proporcionan indicadores diferentes, dado que una considerable parte de los utilizados para la elaboración del EIS no están disponibles para una elevada proporción de regiones europeas. No obstante, los indicadores que conforman el RIS se elevan a 33, razón por la cual constituyen un fértil panel para calibrar el esfuerzo y los resultados alcanzados en el terreno de la innovación. Hay que aclarar que el RIS no facilita datos sobre los estados miembros, razón por la cual hemos optado por contextualizar los datos de la Región de Murcia con los del resto de las autonomías españolas.

Esta entrega se destina a los inputs de la innovación. El gráfico ordena las CCAA en función de la media aritmética simple de los valores normalizados –con un rango de 0 a 1– de los inputs que dan cuenta del esfuerzo innovador, que es el procedimiento utilizado habitualmente por la Comisión Europea. País Vasco ostenta un destacado máximo (0,549), siendo la única región española por encima de la barrera del centro (0,5) del rango citado. Por tanto, de nuevo cabe concluir que el esfuerzo innovador es, en general, manifiestamente mejorable. En efecto, Navarra (0,493), Comunidad de Madrid (0,451) y Cataluña (0,446) ocupan las siguientes posiciones, con un modesto indicador en este ámbito. Y por la parte baja de la distribución, hay cuatro autonomías con niveles por debajo de 0,3: Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Canarias. La Región de Murcia se emplaza en la posición 12ª, con una media de 0,349, lo que sin duda constituye un resultado mediocre, si bien se puede alegar que los niveles de las tres comunidades que nos preceden se encuentran próximos al nuestro: Andalucía (0,363), Aragón (0,364) y Asturias (0,366).

La tabla muestra los cinco componentes que, de acuerdo con la selección realizada por COTEC[1], determinan el esfuerzo realizado en términos de innovación. Volviendo a nuestra comunidad, el nivel más alto de los inputs corresponde a Gasto público en I+D/PIB (0,480), que nos ubica en el puesto 7º en el concierto nacional. En Gasto empresarial en I+D/PIB ascendemos una posición, aunque en este caso el nivel sea sensiblemente más bajo (0,407) y, además, se comparte con Galicia y Comunidad Valenciana. Merece la pena resaltar que, en este segundo input, el País Vasco consigue la cifra más alta (0,711) de los 85 datos reflejados en la tabla para los 5 inputs en las 17 CCAA. En Gastos en innovación distintos de I+D/PIB –los más asequibles desde un punto de vista empresarial–, la cuantía es muy baja (0,262), lo que acarrea que nos emplacemos en el tercer puesto por la cola. En el cuarto indicador, Gasto total en innovación por empleo, el nivel (0,343) es el más cercano al agregado, lo que conduce a compartir la misma plaza (12ª). Por último, en Porcentaje de PYMES que colaboran en proyectos de innovación se presenta la cota más baja (0,251), aunque el puesto sea el 11º.

El panorama es, en principio, poco alentador. Ahora bien, como veremos, esta magra batería de inputs no es un obstáculo para que, en el contexto nacional, los resultados de la Región de Murcia en lo que concierne al output innovador sean muy decorosos. La relación entre los resultados conseguidos y el esfuerzo realizado permitirá aproximarnos a la eficiencia del proceso de innovación, donde los registros de la Región de Murcia son tan sorprendentes como positivos


[1] Fundación COTEC (2022): El RIS a examen.

La Comisión Europea acaba de publicar la edición 2023 del European Innovation Scoreboard. Este panel es la principal fuente para verificar el nivel y el progreso de la innovación en los estados miembros y regiones de la UE, y elabora para ello un indicador sintético (EIS) sobre la innovación en la UE. Previamente, conviene advertir que el EIS posee una gran estabilidad a medio plazo, de tal forma que la posición relativa de los estados miembros –particularmente la de España– no ha registrado cambios significativos en los últimos años.

El gráfico 1 recoge la posición de los 27 estados miembros respecto a la media europea, que se encuadran en cuatro grupos. En el primero, figuran los países líderes, que son cinco, encabezados por Suecia y Finlandia. En el segundo, se encuentran los fuertes, formado por seis estados, donde destaca la presencia de Alemania y Francia. El tercero consta de nueve países calificados como moderados, en los que se integran Italia y España. Y en el cuarto siete emergentes, todos ellos pertenecientes al territorio centro-oriental de la Unión. Los resultados son muy dispares: baste decir que el montante del indicador de Suecia cuadriplica con holgura al de Rumanía. España se emplaza en el puesto 16º, con un nivel relativo (89,2) muy cercano al de Italia (90,3), situándose ambos países por detrás de Estonia, Eslovenia y República Checa. Una posición mediocre, que guarda muy poca relación con la 7ª plaza que, como recientemente hemos visto, alcanzaba España en el indicador compuesto de digitalización (DESI).

El gráfico 2 ofrece los resultados de las regiones españolas, ninguna de las cuales puede ser calificada como líder. Cuatro de ellas pasan a engrosar el grupo de fuertes, con un EIS por encima de la media europea: País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra. El grupo moderado está integrado por diez regiones y son tres las emergentes –Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha– al situarse por debajo del 70% de la media europea. La correlación existente entre el PIB per cápita y el resultado del indicador EIS es, a simple vista, nítida: cuanto mayor es el nivel regional de renta por habitante, más alto tiende a ser el indicador sobre innovación. La Región de Murcia (76,7) se ubica en la agrupación moderada, emplazándose en el puesto 12º, formando con Asturias y Cantabria una terna que dista en torno a 14 puntos de la media europea.

En suma, los resultados del indicador compuesto EIS determinan que España y, de forma más acusada, la Región de Murcia padecen numerosas flaquezas en su sistema de innovación. En próximas entregas analizaremos sus debilidades y fortalezas. Añadamos finalmente que cualquier política de I+D+i que no realice un riguroso balance del sistema nacional o regional de innovación está condenada al fracaso. Sencillamente, no se pueden tomar medidas terapéuticas mínimamente eficaces si se carece de un diagnóstico preciso de la situación en la que nos encontramos.

En la entrega anterior, hemos analizado el meritorio puesto que España ocupa en el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI). Indicador compuesto utilizado para testar los avances de los estados miembros de la UE en lo que atañe a las metas digitales que se deben alcanzar en 2030. El DESI tiene cuatro dimensiones, que son las recogidas en el gráfico 1. En 2021, España ocupaba la 7ª posición en este indicador, con resultados dispares en los cuatro puntos cardinales de la brújula digital, pero con registros que siempre son superiores a la media de UE-27. En apretada síntesis: a) En Conectividad (infraestructuras digitales) nos ubicamos en la tercera plaza, debido en gran parte a la Dotación de banda ancha, tanto fija como móvil; b) Alcanzamos el 5º puesto en Servicios públicos digitales, con provechosas notas en Datos abiertos y Servicios prestados a ciudadanos y a empresas, obteniendo además una puntuación que, con gran diferencia, es la más alta de las cuatro dimensiones; c) En Capital humano descendemos al 10º puesto, con una nota sensiblemente más alta en los indicadores referentes a las Habilidades de los usuarios de internet que en los que conciernen a Empleo y capacidades de especialistas TIC; d) Integración de tecnología digital por las empresas es el campo donde el margen de mejora es mayor y, por ello, examinaremos con más detenimiento esta dimensión.

Esta última dimensión, reservada al tejido empresarial, consta de 13 indicadores simples, es decir, un tercio de los 33 que componen el DESI. Además, cada uno de ellos se adscribe a tres sub-dimensiones, que son las que figuran en el gráfico 2. En el conjunto de U-27, es la dimensión con valoración más baja de las cuatro; hecho que se reproduce en todos los estados miembros, con dos excepciones: Italia y Bélgica. El resultado español se llimitó a 38,5 sobre 100, levemente por encima de la media de la UE (36,1).

Los dos estados líderes del DESI –Finlandia y Dinamarca– y los dos más rezagados –Bulgaria y Rumanía– repiten posiciones en esta dimensión. El descenso en la clasificación de España es patente. Sin embargo, en el grupo formado por las cuatro grandes economías de la UE, solo es superada por Italia, ya que Alemania y Francia se ubican por debajo de la media. Tracemos el perfil básico de las tres sub-dimensiones:

  • Intensidad digital. El puesto de España es el mismo que el de la dimensión: 11º. Este componente está formado por cuatro indicadores simples. En dos –Intercambio de información electrónica y Redes sociales–los resultados son mejores que los de UE-27. En uno, son similares: PYMES con al menos un nivel básico de intensidad digital. Y en el cuarto, el diferencial negativo respecto a la media de UE-27 es sustancial: Big data.
  • Tecnologías digitales para empresas. Consta igualmente de cuatro indicadores simples. Es la sub-dimensión de la terna analizada con mejor valoración en los estados miembros (gráfico 2). España figura en la 12ª plaza. En TIC para la sostenibilidad ambiental, la nota rebasa con creces la media. Coincide prácticamente en dos: Facturas electrónicas e Inteligencia artificial. Y, de nuevo, la brecha desfavorable es de una gran entidad en el cuarto: Nube (cloud).
  • Comercio electrónico. Datos manifiestamente mejorables en los tres indicadores de la sub-dimensión. España desciende a la 13ª posición. Nuestros registros son cercanos a la media en Ventas internacionales en línea, la sobrepasan por poco en PYMES que venden online y son sensiblemente más bajos en Facturación de comercio electrónico.

Por tanto, la dimensión correspondiente a la digitalización de diferentes vertientes de la actividad empresarial es la que afronta mayores retos a lo largo de la presente década. No es un desafío menor, dado que, en buena medida, la competitividad de las empresas españolas está condicionada por la digitalización de todo tipo de procesos: productivos, organizativos, comerciales, medioambientales…

En marzo de 2021, la Comisión Europea presentó la Brújula Digital Europea, que pasa a ser la hoja de ruta de la transformación digital de la Unión Europea (EU) en la presente década. Los objetivos se encuadran en cuatro grandes dimensiones:

a) Capital humano, que persigue la mejora de las capacidades digitales de la población y unas altas cualificaciones de los profesionales en este crucial grupo de actividades;
b) Conectividad, que se refiere a unas infraestructuras digitales sostenibles, seguras y eficaces;
c) Integración de economía digital, vinculada a las empresas;
d) Servicios públicos digitales.

La inversión prevista se eleva a 250.000 millones de euros, procedentes principalmente de los fondos NextGenerationEU. Se trata de una batería de medidas tendentes a desarrollar las capacidades estratégicas en el terreno que nos ocupa, tanto desde un punto de vista económico –productividad, competitividad…– como del bienestar social, a través del refuerzo de los derechos de los ciudadanos en diversas áreas. En suma, lo que está en juego es forjar la soberanía digital europea a lo largo del presente decenio.

Gráfico 1. Resultados del DESI en los estados miembros de UE-27. 2021.

Todas las políticas públicas deben fijar unos objetivos cuantificables y sometidos a un calendario, con el fin de implementar un seguimiento que permita supervisar su grado de cumplimiento. Por ello, la Comisión ha reformado el Digital Economy and Society Index (DESI) para convertirlo en la herramienta estadística que permita el examen de los avances digitales de los Estados miembros. Para una cabal comprensión de los resultados que se exponen en el gráfico 1 es necesario realizar tres aclaraciones: a) Se trata de un índice compuesto, formado a partir de 33 indicadores simples; b) Cada uno de estos indicadores se integran en una de las cuatro dimensiones citadas; c) Los datos de las diferentes variables intervinientes se han normalizado, lo que implica que su rango en los resultados de los 27 estados miembros se extiende de 0 a 100.

El gráfico 1 muestra la posición de los estados en la brújula digital de la UE en 2021. España se encuentra en una aventajada situación, con un resultado agregado de 60,9, instalándose en el 7º puesto. Finlandia (69,6), Dinamarca (69,3) y Países Bajos (67,4) lideran la clasificación, que se cierra con Grecia (38,9), Bulgaria (37,7) y Rumanía (30,6). El dato español es claramente superior al de UE-27 (52,3), lo que es muy poco habitual en la amplísima colección de los indicadores económicos y sociales disponibles. Además, nuestra posición es mucho más favorable que la del resto de grandes economías nacionales: Francia (53,3), Alemania (52,9) e Italia (49,3). Por otro lado, puede advertirse que, en mayor o menor medida, está mejor ubicada que el conjunto de UE-27 en los cuatro puntos cardinales de la brújula, sobre lo que volveremos en una próxima entrega con mayor precisión.

Gráfico 2. Evolución del DESI. 2016-2021.

El gráfico 2 da cuenta de la evolución del índice compuesto entre 2016 y 2021, restringiendo la visión a ocho estados miembros: los dos líderes, los dos más rezagados y las cuatro grandes economías. El progreso no solo es general, sino también notable. El nivel del DESI español se incrementó un 50,0%, lo que nos ha permitido ganar dos posiciones en detrimento de Estonia y Luxemburgo. Finlandia y Dinamarca encabezan la ordenación en ambos años, sucediendo prácticamente lo mismo en la cola de la distribución con Bulgaria –que desciende un puesto a favor de Grecia– y Rumanía. Alemania, Francia e Italia mejoran sensiblemente su situación, si bien sigue siendo manifiestamente mejorable de acuerdo a su grado de desarrollo económico en el seno de la UE.

Por tanto, la posición que marca la brújula digital para España es positiva. Queda mucho camino por recorrer hasta 2030 y resulta imprescindible mantener el pulso del periodo 2016/21. Y, al mismo tiempo, priorizar las actuaciones en las dos dimensiones en las que nuestros resultados no son tan favorables: Capital humano e Integración de economía digital en el ámbito empresarial.

Las estadísticas sobre I+D+i adolecen de una grave carencia: la atención que prestan a las aplicaciones productivas del proceso investigador e innovador es muy inferior a la que dedican a los recursos movilizados. A tal efecto, uno de los resultados más relevantes son los diferentes títulos de propiedad industrial, cuya información a escala regional se limita al número de las solicitudes registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es obvio que la explotación estadística de ese registro público podría enriquecer sustancialmente los datos disponibles sobre las CCAA: solicitantes, titularidad pública o privada, sectores, tipo de tecnología… En la actualidad, esa posibilidad no deja de ser un piadoso deseo.

Una patente es un título que garantiza un alto grado de protección a una invención mediante el derecho a explotarla con exclusividad por un periodo de 20 años. Según el art. 4 de la Ley 24/2015 de Patentes, las innovaciones que, en cualquier campo tecnológico, impliquen una alta actividad inventiva y sean nuevas y susceptibles de aplicación industrial son patentables. Los modelos de utilidad suponen una relajación de los requisitos exigidos a las patentes, protegiendo innovaciones con inferior creatividad que, habitualmente, suelen consistir en mejoras de productos preexistentes, reduciendo la exclusividad de la aplicación a 10 años y limitando la cobertura al territorio nacional.

En 2021, la OEPM registró 1.361 patentes y 2.928 modelos de utilidad. El gráfico 1 muestra la distribución regional de ambos títulos. Madrid lidera la ordenación, correspondiendo a la C. Valenciana el segundo puesto, seguida a cierta distancia por Cataluña. Andalucía y Castilla y León ocupan, asimismo, plazas aventajadas. Dada su dimensión económica, la octava posición de la Región de Murcia es tan llamativa como positiva, al haber solicitado 52 patentes y 97 modelos de utilidad, lo que conduce a un peso respectivo del 4,03% y del 3,31% en el total nacional. Porcentajes inusuales, que dan lugar además a una holgada brecha con las nueve comunidades con inferior aportación.

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un bien o un servicio, que permite diferenciarlo de los productos de la competencia. Un nombre comercial otorga la utilización exclusiva de un signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Para que se nos entienda mejor: Zara es la marca principal de un grupo empresarial cuyo nombre comercial es Inditex. Un diseño es un título que otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la fisonomía de un producto en función de determinados atributos: forma, color, textura, materiales… El periodo de vigencia de las marcas y los nombres comerciales se extiende a lo largo de 10 años, pudiendo prorrogarse indefinidamente si se procede a la correspondiente renovación decenal. En el caso de los diseños, la duración de la protección se reduce a 5 años y, como máximo, dura 25 años si se va reponiendo de forma quinquenal.

En España, a lo largo de 2021, se solicitaron 50.017 marcas, 13.041 nombres comerciales y 11.981 diseños. El gráfico 2 da cuenta de las contribuciones regionales a esos tres títulos de la propiedad industrial. Madrid, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía concentraron los dos tercios de las solicitudes, de tal forma que la contribución de las trece comunidades restantes cae de forma notoria. Las cuotas de la Región de Murcia mantuvieron las siguientes cifras: en marcas 3,04%, en nombres comerciales 2,39% y  en diseños 2,67%. Aportaciones respetables, si se considera que nuestra participación en el PIB español de 2021 coincide con la menor de las tres cuotas anteriores.

Establecer una jerarquización de los cinco títulos de propiedad industrial es ardua tarea sin información adicional. En principio, las patentes son las que pueden tener un mayor impacto productivo, pero es imposible contrastarlo con los precarios datos ofrecidos. Conviene resaltar que es en patentes donde la contribución regional alcanzó un máximo en 2021. Resultado sorprendente si se considera que la participación regional en el gasto interno nacional en I+D fue de un 2,04% en ese mismo año, que es también claramente inferior a las cuotas mencionadas para los otros cuatro títulos de la propiedad industrial.

La biotecnología es definida por la OCDE como “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para alterar el material vivo o inerte, con el fin de producir conocimientos, bienes y/o servicios”. Sus aplicaciones cubren un amplio campo de actividades: salud humana, salud animal, acuicultura, agricultura, producción forestal, alimentación, industria, energía, medio ambiente… Sin entrar en cuestiones éticas –que adquieren una crucial importancia en determinadas vertientes como las técnicas referentes al código genético–, se trata no solo de una disciplina científica con un soberbio futuro, sino que alberga además un gran potencial productivo. Según la OCDE, las aplicaciones económicas de la biotecnología pueden llegar a aportar el 3% del PIB de los países desarrollados en 2030, lo que supondría triplicar el peso de 2020. Dado que es previsible que ese indicador tenga un alto grado de dispersión, esperemos que se tomen las medidas que incentiven a los centros públicos y a las empresas para que nuestro país no se ubique, como es habitual en I+D, significativamente por debajo de tal media.

En España, la biotecnología contribuyó, con una inversión de 2.269 millones de € en 2021, al 13,2% del total del gasto nacional en I+D interna. En la Región de Murcia, los respectivos registros fueron 52,3 millones y un 14,9%, por lo que cabe hablar de una moderada especialización biotecnológica relativa de la I+D regional. El gráfico 1 muestra la composición regional del gasto nacional en el último decenio, destacando las cuotas de Cataluña (creciente) y la de Madrid (descendente). La Región de Murcia, con una aportación del 2,3%, se sitúa en el octavo puesto en 2011 y 2021, si bien presenta una levísima caída de menos de dos décimas entre ambos años. Se trata de una posición poco usual para la mayor parte de los indicadores de I+D, que nos sitúa por encima de regiones de elevada renta por habitante en el contexto nacional –Navarra y Aragón– y a considerable distancia de las contribuciones de comunidades con mayor dimensión económica, como Canarias y Castilla-La Mancha.

Por sectores ejecutores del gasto, los datos del INE para las CCAA solo permiten distinguir el de las empresas, puesto que los organismos investigadores de las AAPP –desde el CSIC al IMIDA–, las universidades públicas y privadas, y las organizaciones sin fines de lucro forman un cajón de sastre: resto de sectores. Además, por razones de secreto estadístico, no se ofrece información sobre cuatro comunidades. La información disponible para las restantes queda reflejada en el gráfico 2, donde figura la participación de las empresas y el resto de sectores en el gasto total de 2021.

Sin subvalorar la relevancia de la investigación básica y aplicada realizada por diferentes organismos e instituciones públicas, resulta indudable que la desplegada por las empresas tiene la virtud de disfrutar de un grado de conexión mayor con la mejora de los procesos y productos que conforman la estructura productiva del territorio en el que desarrollan su actividad. En el tema que nos ocupa, un primer dato es tan elocuente como positivo: la contribución murciana al total del gasto nacional de las empresas en I+D interna se limitó a un 1,7% en 2021, mientras que en el campo de la Biotecnología ascendió al 2,4%. En definitiva, el compromiso empresarial es, en la Región de Murcia, significativamente mayor en este componente de la I+D que en el total. 

El gráfico 2 da cuenta de esa participación empresarial en 2021, que se cifró en un 45,7% a nivel nacional, dando lugar a un amplio abanico, desde el destacado máximo del País Vasco (75,3%) al mínimo de Asturias (29,0%). La cuota de Extremadura en el gasto nacional de I+D interna en Biotecnología es imperceptible (gráfico 1), pero se ubica en el segundo puesto en cuando a la relevancia de la fracción empresarial del mismo (58,5%). Cataluña ocupa la tercera posición (49,2%). Y, en cuanto a nuestra comunidad, baste señalar que se situó en la cuarta plaza (47,5%), lo que refrenda esa mayor responsabilidad empresarial con respecto a I+D en Biotecnología. Por tanto, se trata de un valioso activo que, como tal, debería ser muy tenido en cuenta a la hora de implementar políticas orientadas al fomento de la incorporación del conocimiento a nuestro tejido productivo por parte de las autoridades públicas.

Cerramos este bloque destinado a las TIC, examinando a las empresas con menos de 10 empleados, ya que en las anteriores entregas solo se han incluido, por imperativo de los datos disponibles, las que igualaban o superaban ese umbral. Según el INE (Explotación Estadística del DIRCE), ese grupo de pequeñas empresas constituía el 95,0% del total de las existentes en el entramado productivo de la Región de Murcia en 2022 –una fracción muy cercana a la del conjunto nacional (95,7%)–, lo que exige proporcionar información sobre este importante componente del armazón empresarial regional. Sin embargo, la información proporcionada por la ETICCE es mucho más reducida que la referente a las empresas con 10 o más empleados, limitándose a ocho variables básicas, con las que hemos elaborado cuatro indicadores, que seguidamente presentamos en dos apartados.

El gráfico 1 recoge dos relaciones. La primera (A) es la proporción de empresas que utilizan internet. Puede percibirse que los registros son elevados y no ofrecen una alta dispersión. El rango se extiende desde el mínimo de Asturias (80,3%) al máximo de Cataluña (90,5%), con una media nacional del 86,0%. Nuestra región ocupa un preocupante penúltimo lugar con un 80,7%. La segunda relación (B) se refiere a la porción de empresas que, con internet, disponen de página web. En esta ratio, la dispersión se amplía y, por ello, guía la ordenación del gráfico 1. El valor más alto corresponde a Madrid, con un destacado 43,2%, y el más bajo a Extremadura (19,8%), situándose la Región de Murcia (25,1%) en la precaria posición 15ª, con un diferencial desfavorable de 6,7 puntos respecto a la media española (31,8%).

Si combinamos ambos indicadores, obtenemos la proporción del total de empresas con menos de 10 empleados que tienen sitio web, que se reduce al 27,4% de las nacionales, cayendo al 20,7% en las murcianas, el segundo registro más bajo de todas las CC.AA., solo por encima de Extremadura (17,0%). Por tanto, los datos nos devuelven una imagen muy similar a la de las empresas con 10 o más empleados: una comunidad que padece una sustancial brecha digital en el contexto español.

El gráfico 2 da cuenta de otros dos indicadores. El tercero es la fracción de empresas con internet que utilizan las redes sociales para diferentes fines (C), desde favorecer un contacto más estrecho con sus clientes a la promoción de sus marcas. El dato nacional se limita al 36,1%. Cataluña (39,7%) lidera la clasificación, emplazándose La Rioja (28,7%) en la última posición. La Región de Murcia (30,1%) se ubica en el puesto 12º.

El cuarto indicador concierne a la cuota de empresas que toman medidas de seguridad TIC (D). Los niveles de la ratio son sensiblemente superiores, respecto a las que tienen sitio web (B) y a las que emplean las redes sociales (C). La cifra nacional asciende al 55,3%, volviendo Cataluña (62,7%) a encabezar la clasificación, mientras que la cifra más baja es el de Castilla-La Mancha (44,2%). Con este indicador, la Región de Murcia (53,1%) se emplaza en el 7º puesto de la ordenación; resultado que constituye una positiva excepción a la regla de nuestras habituales posiciones rezagadas en cuanto a TIC.

Nótese que, con frecuencia, para una amplia gama de indicadores, se suele invocar que, como la presencia de las PYMES es mayor en nuestra comunidad que en el conjunto de España, se registra un efecto composición que provoca que los resultados agregados murcianos sean inferiores a los nacionales. Tras el preceptivo cotejo, hemos comprobado que no hay ningún efecto composición. Simplemente, la Región de Murcia se encuentra en una situación de atraso en cuanto al uso empresarial de las TIC en los dos grupos de empresas. Un escenario que es necesario revertir en los próximos años, si queremos que el gran vuelco que está suponiendo la digitalización en la gestión empresarial sea adecuadamente aprovechado por las empresas murcianas.