La composición del Gasto interno en I+D por sectores de ejecución tiene un gran interés. Las estadísticas proporcionan información sobre cuatro agentes: 1. Empresas, 2. Organismos investigadores de las AAPP (CSIC, IMIDA…), 3. Enseñanza superior (centros públicos y privados) e 4. Instituciones privadas sin fines de lucro. Nos vamos a limitar a los tres primeros. Por otro lado, como es sabido, la I+D encuadra tres actividades: a) La Investigación básica persigue la obtención de nuevos conocimientos científicos, mediante la formulación de teorías y leyes, sin que exista la pretensión de generar aplicaciones sobre la realidad; b) La Investigación aplicada pretende, como la anterior, la adquisición de nuevos conocimientos, pero está orientada hacia un determinado objetivo práctico; c) El Desarrollo experimental tiene como principal fin la fabricación de nuevos productos o la implementación de nuevos procesos, o la mejora de unos y otros.      

 El Gráfico 1 da cuenta de la tal distribución entre Empresas, AAPP y Enseñanza superior en UE-27 y sus cuatro grandes estados miembros. Hemos incorporado a Suecia, que es el país en el que la participación empresarial alcanza un máximo (74,0%), que sobrepasa al registro español (56,4%) en casi 18 puntos que, además, es el más bajo de los cinco países considerados. Ese resultado implica que, en España, el peso relativo de las AAPP (17,8%) y de la Enseñanza superior (25,5%) alcance sendos máximos. Así pues, se registra un déficit de la presencia empresarial y, por tanto, cabe deducir que opera como un gravoso lastre en el área –Desarrollo experimental– directamente vinculada con las innovaciones que enriquecen el tejido productivo, lo que constituye una grave carencia cualitativa.

Por añadidura, esa mayor cuota porcentual de nuestro país en AAPP y Enseñanza superior no implica, en absoluto, que el esfuerzo sea mayor en ambos sectores que en UE-27. Si cuantificamos el impulso inversor mediante el Gasto interno en I+D por habitante, el Gráfico 2 pone en evidencia que, frente a la media europea, los niveles de los tres agentes son inferiores en España. Y ello es debido al menor montante en los dos factores determinantes de la ratio anterior: Gasto interno/PIB y PIB per cápita. Ilustremos lo anterior de forma breve: a) El déficit empresarial se agrava intensamente, dado que nuestro Gasto por habitante (262 €) equivale a algo menos de la quinta parte del sueco (1.360 €) y ni tan siquiera supone la mitad de la cifra europea (564 €); b) Nuestro máximo en la cuota porcentual de Educación superior se convierte en un mínimo en el Gasto por habitante en esa área (119 €), menos de las dos terceras partes del nivel de UE-27 (182 €). El hecho de que nuestro perfil haya acabado siendo muy similar al italiano no deja de ser un necio consuelo, al estar sumido el país transalpino en una grave parálisis, desde hace varios lustros, en el terreno que nos ocupa.

Centrándonos en el sector más importante –Empresas–, el Gráfico 3 recoge la evolución del indicador porcentual Gasto interno en I+D/PIB. El aumento de tal ratio en Suecia es espectacular, siendo más contenido el alemán, mientras que el avance francés peca de parsimonioso y en Italia hay incluso un retroceso entre 2019 y 2023. La progresión de España es positiva, pero ni tan siquiera alcanza el 1% del PIB, sensiblemente por debajo de la media europea. A tal respecto, conviene recordar que uno de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación consiste en que el indicador anterior alcance el nivel del 1,5% en 2027, prácticamente el mismo que el de UE-27 en 2023. El logro exige un crecimiento medio acumulado levemente superior al 15% en los cuatro años que restan. Juzgamos que es poco factible lograrlo, pero siempre cabe minimizar esa hipotética brecha. En fin, 2023 ha sido un buen ejercicio, pero el sistema español de I+D necesita cuatro fructuosas cosechas seguidas para superar su crónico atraso en el contexto europeo.

En la próxima entrega, caracterizaremos la situación de los sectores ejecutores de la I+D de la Región de Murcia en el escenario regional español.

Definida la posición de España en el conjunto de UE-27 en la Newsletter anterior, destinaremos la presente a describir la situación de la Región de Murcia en el escenario autonómico nacional. Para ello, complementaremos el indicador habitual –Gasto I+D/PIB (%)– con otros dos que, a pesar de su relevancia, son mucho menos utilizados. El primero se refiere al total de recursos movilizados y mediante el Gráfico 1 puede comprobarse que el gasto interno español en I+D se caracteriza por un elevado grado de concentración territorial. Así, en 2023, C. Madrid y Cataluña aportaron conjuntamente algo más de la mitad (51,0%) del esfuerzo inversor nacional, que se cifró en 22.379 millones de €. La anterior fracción supone una cuota de las dos comunidades sensiblemente superior a la correspondiente al PIB español (38,4%) en ese mismo año. En un distante segundo escalón se ubican tres regiones: Andalucía, País Vasco y C. Valenciana. El nivel de las doce comunidades restantes desciende por debajo de los mil millones de €, con un gasto que, entre todas ellas, es claramente inferior (4.903 millones) al de cada uno de las dos regiones que lideran la ordenación reflejada en el Gráfico 1. La Región de Murcia se encuentra en la décima posición con un gasto de 426 millones de €, ubicada entre Navarra y Castilla-La Mancha.

Otro indicador disponible es el Gasto interno en I+D per cápita (C) que equivale al producto de dos conocidas ratios: Gasto en I+D/PIB (A) y PIB/Población (B), tal como se puede comprobar en la Tabla 1. A mayor esfuerzo inversor y superior PIB per cápita, más elevado será lógicamente el gasto por habitante. La inversión presenta un notable grado de dispersión en términos de PIB, al cuadriplicar el registro del País Vasco –única comunidad con un esfuerzo superior a la media de UE-27– al de Canarias. Pero el abanico se amplifica ostensiblemente en el gasto per cápita, debido al efecto de que hay una evidente relación positiva entre esfuerzo inversor y renta por habitante, de tal forma que el resultado vasco no está lejos de septuplicar al canario. En el caso de este indicador, son dos las comunidades que rebasan la media europea por efecto de que la renta madrileña por habitante es mayor que la de UE-27 y compensa su menor esfuerzo inversor.

La Región de Murcia, que ocupa la décima posición en lo que concierne al Gasto interno I+D/PIB, desciende un puesto cuando se referencia a la población, ya que su PIB per cápita se cifró en el 83,6% de la media nacional en 2023. El gasto per cápita en I+D interna de nuestra comunidad se limitó a 275 € por habitante –prácticamente el mismo que el de Asturias y Cantabria–, lo que representó algo menos del 60% de la media española y de la tercera parte de la de UE-27. La divergencia sistémica entre el esfuerzo inversor per cápita de las regiones avanzadas y rezagadas cobra tal dimensión que refleja meridianamente las enormes dificultades para que se pueda producir una convergencia interregional en el importante tema que nos ocupa.

Por último, el Gráfico 2 da cuenta de la evolución de las ratios A y C de la Tabla 1 en la Región de Murcia y en España respecto a la media de UE-27, a lo largo del periodo comprendido entre 2015 y 2023. Es decir, los datos regionales de 2023 expresan que el Gasto I+D/PIB es inferior a la mitad (47,1%) del registro europeo, descendiendo a menos de la tercera parte (32,3%) en la inversión per cápita como consecuencia de una renta por habitante notablemente inferior a la de UE-27 (Tabla 1).  

No obstante, lo más importante es que, desde 2020, el nivel relativo del gasto regional está estancado a diferencia del nacional. Es más, se manifiesta incluso una leve tendencia a la baja porque en ambos indicadores la cota regional más elevada se emplaza en 2020. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-2027) tiene como objetivo central que, en 2027, el Gasto interno en I+D se sitúe en un 2,12% del PIB: ardua tarea.

En cuanto a la Región de Murcia, si no es capaz de quebrar de forma terminante la tendencia del trienio 2021-2023 lo que cabe prever es una brecha creciente respecto a las medias nacional y europea: adverso resultado.

Las estadísticas sobre ciencia y tecnología cuantifican el Gasto en I+D priorizando su vertiente interna, es decir, la inversión realizada por las empresas y determinados organismos públicos con sus propios recursos materiales y humanos (intramuros). El gasto externo se refiere a las adquisiciones a otras entidades, mediante contratos para la realización de determinadas investigaciones o a través de la compra de títulos de la propiedad intelectual a terceros (extramuros). El indicador más utilizado para dar cuenta del esfuerzo inversor es la ratio Gasto interno en I+D/PIB y, lógicamente, ha sido el que hemos usado repetidamente en el blog. En esta entrega ampliaremos nuestra visión recurriendo a indicadores complementarios, ya que supone un cambio de perspectiva que enriquece la información procedente del planteamiento habitual.

El Gráfico 1 refleja el Gasto interno en I+D en términos absolutos, que proporciona el total de recursos movilizados, lo que no es una cuestión menor, pero es dejada al margen cuando solo se proporcionan resultados porcentuales. Los datos muestran que, en 2023, Alemania destinó 130.000 millones de € a I+D, más del doble de los recursos movilizados por Francia y casi seis veces más de los empleados por España. Ser conocedores de ello es, al menos, tan importante como saber que el Gasto interno I+D/PIB se cifró en los siguientes niveles respectivos: 3,1%, 2,2% y 1,5%. El 3,1% de Alemania implica que en torno a la tercera parte (34,6% sin Irlanda) de esa inversión en UE-27 fue generada por la primera economía de la Unión. Y particularmente, el 1,5% de España conlleva que nuestra cuota se situó en un 5,9%, lo que constituye un máximo histórico que nos ha permitido superar por primera vez, aunque de forma muy tenue, la inversión realizada por Holanda. Resultado que solo cabe calificar de positivo, pero que al confrontarlo con nuestro peso en el PIB de UE-27 –8,7% en ese mismo año– muestra meridianamente nuestro crónico déficit inversor y el prolongado camino que es necesario recorrer para corregirlo. 

Otro indicador disponible es el Gasto interno en I+D per cápita (C), que equivale al producto de dos conocidas ratios: Gasto en I+D/PIB (A) y PIB/Población (B), tal como se puede comprobar en la Tabla 1. A mayor esfuerzo inversor y superior PIB per cápita, más elevado será lógicamente el Gasto en I+D por habitante. Por ejemplo, el esfuerzo de Dinamarca es levemente inferior al de Alemania, pero dado que su renta per cápita rebasa claramente a la alemana, el resultado es que el gasto por habitante es casi un 25% más alto en el primer país, lo que es importante no perder de vista. Al contrario, el mayor esfuerzo inversor de España respecto a Italia se ve neutralizado por un PIB por habitante inferior, de tal forma que el Gasto per cápita es muy similar. Si nos quedamos solo con el indicador habitual, España estaría en mejores condiciones que Italia; si complementamos nuestra visión con este segundo indicador pasaría a estar levemente por debajo. En fin, las disparidades son enormes, ampliándose sensiblemente al tomar como referencia la población. En función de la ratio habitual, el registro de Dinamarca sextuplica al de Rumanía, pero el Gasto interno en I+D per cápita del primer estado (1.895 €) –máximo en UE-27– multiplica por 22 al segundo (88 €), que aporta el límite inferior del rango. A gran distancia del referido máximo, Italia y España comparten un registro que se emplaza en torno a 470 euros per cápita en 2023, poco más de la mitad de la media europea, palpable reflejo de la indigencia estructural de estos dos estados miembros en la materia que nos ocupa.

Por último, el Gráfico 3 da cuenta de la evolución de este indicador a lo largo del decenio comprendido entre 2014 y 2023. Alemania ha ido ampliando la brecha respecto a Francia, pero no ha recortado distancias respecto a Dinamarca. España ha limado gradualmente el diferencial desfavorable con Italia, lo que no deja de ser un magro consuelo si se tiene en cuenta que la convergencia con UE-27 ha sido inexistente, al situarse el registro por debajo de la mitad de la media europea a lo largo de todo el periodo, con la salvedad de 2023, en el que se ha roto ese techo, al ascender hasta el 54,8%. Antes de echar las campanas al vuelo, lo prudente es esperar para verificar si es una manifestación coyuntural o un sólido punto de inflexión en lo que respecta a una apuesta decidida por la economía del conocimiento en España y sus comunidades autónomas, lo que exige aguardar a los resultados que nos deparen los años venideros.

Perfilado el contexto de nuestro país en la UE, en la próxima entrega abordaremos el examen de la posición de la Región de Murcia en el escenario autonómico español.

La Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y de las comunicaciones y del Comercio Electrónico de las Empresas (ETICCE) es una operación estadística del INE que cubre una parte del amplio campo de la Sociedad de la Información. Los datos ofrecidos se refieren a las empresas, que son segmentadas en dos grandes grupos en función del número de trabajadores, siendo lógicamente mucho más rica la relativa a las que tienen 10 o más empleados respecto a las que no alcanzan ese umbral. Para el primer grupo, la información sobre las CCAA incluye diez áreas, incluida la Inteligencia Artificial, sobre la cual hay un creciente interés –no exento de preocupación– en lo que concierne a los efectos económicos y sociales de su generalizado uso por parte de empresas, hogares e instituciones públicas. Sea como fuere, el empleo de la IA por parte de las empresas ya ha empezado a transformar radicalmente su modo de operar, contribuyendo además a reducir costes y, por tanto, a mejorar su eficiencia, al mismo tiempo que ha abierto nuevas oportunidades de negocio.

El Gráfico 1 muestra la fracción de empresas con 10 o más trabajadores que, teniendo internet – prácticamente todas: 99,1% en España y 99,6% en la Región de Murcia– usan técnicas de IA. Las CCAA que encabezan la ordenación son las habituales, registrándose ciertos cambios en las posiciones rezagadas. El rango no es desdeñable, al triplicar el máximo de C. Madrid (17,8%) al mínimo de Canarias (6,0%), ocupando nuestra comunidad el puesto 12º con un 8,4%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

Añadamos que, desde una perspectiva sectorial, hay que tener en cuenta los siguientes hechos: a) El sector agrario queda al margen de la muestra, lo que sin lugar a dudas penaliza los registros de nuestra comunidad en el contexto nacional; b) En la Industria, la fracción es muy similar a la nacional, rondando el 10% en ambos casos; c) La desventaja en la Construcción adquiere una dimensión extraordinaria, puesto que la porción murciana es nimia (0,1%), frente a una media española del 4,5%; c) La brecha es significativa en los Servicios: 10,3% en la comunidad y 15,6% en el total nacional.

La ETICCE informa sobre 22 posibles usos de la IA y solo en 4 la proporción de empresas que los han implementado es más alta en la Región de Murcia. Por tanto, padecemos un doble déficit: a) Es menor la fracción de empresas con 10 o más trabajadores que utiliza la IA; b) Si nos circunscribimos a esa minoritaria porción de empresas, en nuestra comunidad se hace en general un uso menos intensivo de sus posibles aplicaciones a la actividad empresarial. En el Gráfico 2 se recogen 10 de los posibles empleos de la IA en los dos entornos considerados, habiendo seleccionado discrecionalmente los que se nos antojan como más ilustrativos. Los nueve primeros se han ordenado de mayor a inferior desventaja relativa frente a la media nacional, puesto que solo en el último –Logística– el nivel regional sobrepasa al nacional, muy levemente por otra parte.

En esa decena de aplicaciones, la mayor incidencia de la IA se da en Automatización de flujos de trabajo, tanto a escala regional (35,5%) como nacional (39,0%). Se trata, en primera instancia, de la automatización de tareas repetitivas en diferentes ámbitos: gestión de inventarios, atención al cliente, facturación… En segundo lugar, a escasa distancia, nos encontramos con la Generación de lenguaje escrito o hablado, que en la fase inicial se refiere a usos como resumen de contenidos, redacción de textos, traducción, generación de informes… Y el tercer puesto corresponde al Aprendizaje automático para el análisis de datos (machine learning) que, en su versión más modesta, atañe al aprendizaje supervisado a partir de datos estandarizados que dan lugar a una respuesta conocida, pero con un vasto potencial. Puede constarse que la implicación empresarial en el resto de posibles empleos es, por el momento, sensiblemente inferior.  

Desde una perspectiva diferente, orientada a captar nuestras principales flaquezas en el contexto español, cabe destacar las que ocupan las tres primeras plazas. Llama la atención el hecho de que el porcentaje de empresas que utilizan la IA para Marketing y ventas es poco más que la mitad del nacional. La desventaja desciende, pero sigue siendo amplia, en el Desarrollo por personal propio de los sistemas de IA adquiridos y en el apoyo a la Gestión de las actividades de I+D+I.

La IA va a determinar en gran medida el futuro, al reestructurar drásticamente la forma de funcionamiento de las empresas por lo que su eficiente adopción es uno de los actuales y principales retos. Todo ello sin olvidar los desafíos éticos que habrá que afrontar para que el desarrollo tecnológico asociado repercuta positivamente en el bienestar del conjunto de la sociedad, lo que entraña la búsqueda de un equilibrio tan adecuado como difícil de instrumentar.

En la newsletter anterior hicimos una radiografía de dos títulos de la propiedad intelectual, que se consideran invenciones: patentes y modelos de utilidad. En la presente, complementaremos el panorama con otros dos: marcas y diseños. Una marca es un título que concede el derecho exclusivo al uso de un determinado signo para la identificación de un producto en el mercado con el fin de diferenciarlo de los ofrecidos por la competencia. Un diseño concede a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia total o parcial de un producto, a partir de ciertas características: líneas, contornos, forma, textura, materiales… Tanto las marcas como los diseños son dos de los principales instrumentos en la estrategia competitiva basada en la diferenciación de producto, que tiene como objetivo que el bien o servicio proporcionado por una empresa sea percibido por el consumidor como un producto con rasgos privativos respecto a los comercializados por las empresas competidoras.

El Gráfico 1 ofrece las cuotas regionales en marcas y diseños, tomando como referencia el bienio 2022-2023 para atenuar las oscilaciones interanuales de las solicitudes, que han sido ordenadas de mayor a menor en función de la media correspondiente a los dos títulos. Las cuatro comunidades más pobladas absorben los dos tercios de las solicitudes nacionales de marcas y una fracción levemente inferior de diseños. La Comunidad de Madrid lidera claramente las primeras y Cataluña los segundos. La Región de Murcia, al igual que en patentes y modelos de utilidad, vuelve a ocupar una digna posición: 9ª en este caso. Puede apreciarse que nuestro peso es mayor en diseños que en marcas, con cifras respectivas del 2,8% y del 3,7%, que conllevan una media (3,30%) conducente al puesto citado en la ordenación regional, intermedio entre dos comunidades con una población sensiblemente superior a la murciana: Canarias (8ª) y Castilla-La Mancha (10ª).

En el Gráfico 2 se proporciona una ratio porcentual, cuyo numerador es la cuota de cada autonomía en los dos títulos considerados y el denominador es su peso productivo (% del PIB nacional, último año disponible). Por tanto, si este indicador = 100, implica que ambas proporciones coinciden, lo que obviamente se cumple para el conjunto de España. El máximo de marcas se emplaza en La Rioja (138,3%), lo que significa que su participación en las solicitudes nacionales supera en casi un 40% a su aportación al PIB español. El mínimo se ubica en el País Vasco (62,4%), lo que implica que la primera de las proporciones anteriores no alcanza los dos tercios de su contribución productiva. En diseños, Castilla y León encabeza la distribución y el farolillo rojo hay que asignarlo a Cantabria.

La ordenación se realiza en función de la media de las dos ratios anteriores, ocupando La Región de Murcia la 3ª posición, por detrás de La Comunidad Valenciana y Castilla y León. En marcas, el indicador de nuestra comunidad (106%) supera levemente la posición de igualdad entre las dos cuotas intervinientes, mientras que en diseños (141%) la sobrepasa con creces. Nótese que solo hay tres regiones –C. Valenciana, Región de Murcia y Andalucía (a duras penas en diseños)– en las que las dos ratios rebasan el nivel del 100%.

Por tanto, al igual que en patentes y modelos de utilidad, la posición de nuestra comunidad es ventajosa. Habría que analizar con rigor el impacto económico de los cuatro títulos de la propiedad intelectual descritos en esta y la anterior entrega, lo que no es factible con los magros datos facilitados por la OEPM. En efecto, el mediocre emplazamiento de las cuatro comunidades líderes en Gasto empresarial en I+D/PIB en el Gráfico 2 –País Vasco (16º), C. Madrid (7º), Cataluña (10º) y Navarra (8º)– alienta la necesidad de no limitarse solo al input de solicitudes y extender el análisis al rendimiento productivo de patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños.

Sobre el resultado del proceso de innovación, uno de los escasos datos disponibles son los diferentes títulos de propiedad industrial, cuya información a escala regional se limita al número de las solicitudes registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es obvio que la explotación estadística de ese registro público podría enriquecer sustancialmente los datos disponibles sobre las CCAA: solicitantes, titularidad pública o privada, si han sido o no implementadas en el tejido productivo, sectores, tipo de tecnología… Lamentablemente, en la actualidad, esa posibilidad no deja de ser un piadoso deseo. En la presente entrega, nos referiremos a las patentes y modelos de utilidad. Hemos seleccionado el último bienio con información disponible (2022-2023), para atenuar las amplias oscilaciones interanuales del flujo de solicitudes realizadas en las CCAA.

Una patente es un título que garantiza un alto grado de protección a una invención mediante el derecho a explotarla con exclusividad por un periodo de 20 años. Las innovaciones que, en cualquier campo tecnológico, impliquen una alta actividad inventiva y sean nuevas y susceptibles de aplicación productiva son patentables. Los modelos de utilidad suponen una relajación de los requisitos exigidos a las patentes, protegiendo innovaciones con inferior creatividad que, suelen consistir en mejoras de productos preexistentes, reduciendo la exclusividad de la aplicación a 10 años y limitando la cobertura al territorio nacional. Así pues, desde un punto de vista teórico, las primeras son jerárquicamente superiores a los segundos por lo que, es posible que el impacto productivo de los modelos de utilidad sea superior al de las patentes.

El Gráfico 1 ofrece las cuotas regionales en eso dos productos de la propiedad intelectual, determinando la ordenación la fracción correspondiente a las patentes. Las cuatro grandes comunidades –C. Madrid, C. Valenciana, Andalucía y Cataluña– aportaron en torno a las dos terceras partes de ambos capítulos en el total español de solicitudes en el bienio 2022-2023. La Región de Murcia se sitúa en una digna e inusual posición (8ª), con una media anual de 39,5 patentes en el bienio, lo que da lugar a una participación del 3,5% en el total nacional; en modelos de utilidad, las cifras respectivas son 95 y un 3,8%. Destaca el hecho de que nos situemos a continuación del País Vasco que, como es sabido, es la comunidad española con un mayor gasto en I+D en términos de PIB (2,23% en 2022), y que dobla al registro murciano (1,08%). En principio, debería conllevar que la eficiencia del proceso de I+D+i es mucho más elevada en nuestra comunidad que en la vasca.

En el Gráfico 2 se proporciona una ratio porcentual, cuyo numerador es la cuota de cada autonomía en los dos títulos considerados y el denominador es su peso productivo (% del PIB nacional[1]). Por tanto, si este indicador = 100, implica que ambas proporciones coinciden. El máximo de patentes se emplaza en Navarra (181,1%), lo que significa que su participación en las solicitudes nacionales supera en algo más de un 80% a su aportación al PIB español. El mínimo corresponde a Extremadura (32,1%) y, por tanto, la primera proporción ni tan siquiera alcanza la tercera parte de su contribución productiva. Pero lo que hay que resaltar es el puesto de la Región de Murcia (3º), con una ratio del 132,8%, por detrás de la Comunidad Valenciana, con un nivel sensiblemente mayor (172,8%).

En cuanto a los modelos de utilidad, Castilla y León ostenta el máximo (177,4%), emplazándose el mínimo en Cantabria (55,7%). La Región de Murcia se vuelve a ubicar en la tercera posición, con un diferencial relativo más favorable (141,9%) que en las patentes, volviendo la Comunidad Valenciana a situarse en la segunda posición (162,5%).

En suma, se trata de dos datos muy favorable para nuestra comunidad. Desgraciadamente, no hay ninguna información que nos pueda aproximar a una estimación que evalúe el impacto de las solicitudes en las estructuras económicas de las CCAA porque, hay patentes y modelos de utilidad de todas las especies. Si esa tecnodiversidad se repartiese de forma relativamente homogénea entre las regiones españolas habría razones para albergar un esperanzador optimismo.

[1] Último año disponible. La Contabilidad Regional de España se caracteriza por una oferta que acumula un notable retraso temporal respecto a la Contabilidad Nacional de España, que se acentúa con la Contabilidad Nacional Trimestral de España. Por no hablar de las continuas y abultadas revisiones de los últimos años.

En la anterior newsletter hemos verificado que el peso de la Región de Murcia en el stock de capital neto (SCN) nacional de activos inmateriales, es decir, los Productos de la Propiedad intelectual (PPI), no sólo se sitúa notablemente por debajo de su aportación al PIB sino que, además, sufrió una intensa erosión a lo largo del decenio 2013-2023. La presente entrega está orientada a dar cuenta del grado de capitalización por empleo en dos líneas directamente relacionadas con el objeto de nuestro blog: equipo TIC y PPI. Para situar mejor la Región de Murcia en el contexto español, la información se referirá a las 17 CC.AA y, por ello, nos limitaremos a proporcionar los datos de 2023.

La capitalización por empleo es, lógicamente, uno de los principales factores determinantes de la productividad del trabajo que, como hemos comprobado, constituye el talón de Aquiles de la economía regional. Sin duda, su incidencia es mucho mayor en los dos capítulos elegidos que en el conjunto del SCN, dominado por los inmuebles –viviendas incluidas–.

El Gráfico 1 muestra la ordenación de las regiones española en la dotación de equipo TIC por empleo. Aclaremos previamente que, en términos de cuentas nacionales, se trata de un activo material, compuesto por bienes de capital como, por ejemplo, el hardware. En 2023, este indicador ascendió a 4.868 € por persona ocupada en España, limitándose a 3.064 € en nuestra comunidad, lo que equivale al 63,0% del dato nacional. Por ello, nos emplazamos en antepenúltima posición, solo por delante de Andalucía y Castilla-La Mancha. Únicamente cuatro regiones sobrepasan la media nacional: La Rioja, C. Madrid, Navarra y Cataluña. El rango es muy amplio, ya que el nivel de capitalización de La Rioja está cerca de cuadriplicar al de Castilla-La Mancha.

La dotación de capital en PPI se refiere a activos inmateriales como el software, patentes, marcas… En España, se eleva a 4.859 € por empleo –prácticamente, una cifra idéntica a la del indicador previo–, sucediendo casi lo mismo con la Región de Murcia: 2.904 € por ocupado. En relación con la media nacional, hay un pequeño descenso, al situarse en un 59,8%. No obstante, ascendemos dos posiciones que, básicamente, se debe a la inclusión de los dos archipiélagos en las dos posiciones de cola, lo que guarda una estrecha conexión con el predominio de las actividades relacionadas con el turismo en su estructura productiva. De nuevo, tan solo cuatro comunidades superan el registro español: C. Madrid, Navarra, País Vasco –que sustituye a La Rioja– y Cataluña. El rango se amplía levemente, al cuadriplicar justamente el indicador de la C. Madrid al de las Canarias.

Nuestra rezagada posición en los dos indicadores refleja meridianamente el atraso relativo acumulado –nunca mejor dicho al referirse al SCN– en estas trascendentales parcelas del área de la I+D+i. En parte, hay un efecto composición, por el exiguo peso de las actividades avanzadas en nuestro entramado productivo, que nos atrevemos a plantear, pero carecemos de espacio para analizarlo en profundidad. Sea como fuere, ambos indicadores nos muestran que tenemos por delante un largo y arduo recorrido para revertir la situación.