En la anterior newsletter ofrecimos información procedente del Panel Europeo de Innovación (EIS), que se refiere básicamente a los estados miembros de la UE. Para garantizar la cobertura estadística de las regiones, la Comisión Europea suministra el Regional Innovation Scoreboard (RIS).Estas dos fuentes de información proporcionan indicadores diferentes, dado que una considerable parte de los utilizados para la elaboración del EIS no están disponibles para una elevada proporción de regiones europeas. No obstante, los indicadores que conforman el RIS se elevan a 33, razón por la cual constituyen un fértil panel para calibrar el esfuerzo y los resultados alcanzados en el terreno de la innovación. Hay que aclarar que el RIS no facilita datos sobre los estados miembros, razón por la cual hemos optado por contextualizar los datos de la Región de Murcia con los del resto de las autonomías españolas.

Esta entrega se destina a los inputs de la innovación. El gráfico ordena las CCAA en función de la media aritmética simple de los valores normalizados –con un rango de 0 a 1– de los inputs que dan cuenta del esfuerzo innovador, que es el procedimiento utilizado habitualmente por la Comisión Europea. País Vasco ostenta un destacado máximo (0,549), siendo la única región española por encima de la barrera del centro (0,5) del rango citado. Por tanto, de nuevo cabe concluir que el esfuerzo innovador es, en general, manifiestamente mejorable. En efecto, Navarra (0,493), Comunidad de Madrid (0,451) y Cataluña (0,446) ocupan las siguientes posiciones, con un modesto indicador en este ámbito. Y por la parte baja de la distribución, hay cuatro autonomías con niveles por debajo de 0,3: Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Canarias. La Región de Murcia se emplaza en la posición 12ª, con una media de 0,349, lo que sin duda constituye un resultado mediocre, si bien se puede alegar que los niveles de las tres comunidades que nos preceden se encuentran próximos al nuestro: Andalucía (0,363), Aragón (0,364) y Asturias (0,366).

La tabla muestra los cinco componentes que, de acuerdo con la selección realizada por COTEC[1], determinan el esfuerzo realizado en términos de innovación. Volviendo a nuestra comunidad, el nivel más alto de los inputs corresponde a Gasto público en I+D/PIB (0,480), que nos ubica en el puesto 7º en el concierto nacional. En Gasto empresarial en I+D/PIB ascendemos una posición, aunque en este caso el nivel sea sensiblemente más bajo (0,407) y, además, se comparte con Galicia y Comunidad Valenciana. Merece la pena resaltar que, en este segundo input, el País Vasco consigue la cifra más alta (0,711) de los 85 datos reflejados en la tabla para los 5 inputs en las 17 CCAA. En Gastos en innovación distintos de I+D/PIB –los más asequibles desde un punto de vista empresarial–, la cuantía es muy baja (0,262), lo que acarrea que nos emplacemos en el tercer puesto por la cola. En el cuarto indicador, Gasto total en innovación por empleo, el nivel (0,343) es el más cercano al agregado, lo que conduce a compartir la misma plaza (12ª). Por último, en Porcentaje de PYMES que colaboran en proyectos de innovación se presenta la cota más baja (0,251), aunque el puesto sea el 11º.

El panorama es, en principio, poco alentador. Ahora bien, como veremos, esta magra batería de inputs no es un obstáculo para que, en el contexto nacional, los resultados de la Región de Murcia en lo que concierne al output innovador sean muy decorosos. La relación entre los resultados conseguidos y el esfuerzo realizado permitirá aproximarnos a la eficiencia del proceso de innovación, donde los registros de la Región de Murcia son tan sorprendentes como positivos


[1] Fundación COTEC (2022): El RIS a examen.

La Comisión Europea acaba de publicar la edición 2023 del European Innovation Scoreboard. Este panel es la principal fuente para verificar el nivel y el progreso de la innovación en los estados miembros y regiones de la UE, y elabora para ello un indicador sintético (EIS) sobre la innovación en la UE. Previamente, conviene advertir que el EIS posee una gran estabilidad a medio plazo, de tal forma que la posición relativa de los estados miembros –particularmente la de España– no ha registrado cambios significativos en los últimos años.

El gráfico 1 recoge la posición de los 27 estados miembros respecto a la media europea, que se encuadran en cuatro grupos. En el primero, figuran los países líderes, que son cinco, encabezados por Suecia y Finlandia. En el segundo, se encuentran los fuertes, formado por seis estados, donde destaca la presencia de Alemania y Francia. El tercero consta de nueve países calificados como moderados, en los que se integran Italia y España. Y en el cuarto siete emergentes, todos ellos pertenecientes al territorio centro-oriental de la Unión. Los resultados son muy dispares: baste decir que el montante del indicador de Suecia cuadriplica con holgura al de Rumanía. España se emplaza en el puesto 16º, con un nivel relativo (89,2) muy cercano al de Italia (90,3), situándose ambos países por detrás de Estonia, Eslovenia y República Checa. Una posición mediocre, que guarda muy poca relación con la 7ª plaza que, como recientemente hemos visto, alcanzaba España en el indicador compuesto de digitalización (DESI).

El gráfico 2 ofrece los resultados de las regiones españolas, ninguna de las cuales puede ser calificada como líder. Cuatro de ellas pasan a engrosar el grupo de fuertes, con un EIS por encima de la media europea: País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra. El grupo moderado está integrado por diez regiones y son tres las emergentes –Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha– al situarse por debajo del 70% de la media europea. La correlación existente entre el PIB per cápita y el resultado del indicador EIS es, a simple vista, nítida: cuanto mayor es el nivel regional de renta por habitante, más alto tiende a ser el indicador sobre innovación. La Región de Murcia (76,7) se ubica en la agrupación moderada, emplazándose en el puesto 12º, formando con Asturias y Cantabria una terna que dista en torno a 14 puntos de la media europea.

En suma, los resultados del indicador compuesto EIS determinan que España y, de forma más acusada, la Región de Murcia padecen numerosas flaquezas en su sistema de innovación. En próximas entregas analizaremos sus debilidades y fortalezas. Añadamos finalmente que cualquier política de I+D+i que no realice un riguroso balance del sistema nacional o regional de innovación está condenada al fracaso. Sencillamente, no se pueden tomar medidas terapéuticas mínimamente eficaces si se carece de un diagnóstico preciso de la situación en la que nos encontramos.

En la entrega anterior, hemos analizado el meritorio puesto que España ocupa en el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI). Indicador compuesto utilizado para testar los avances de los estados miembros de la UE en lo que atañe a las metas digitales que se deben alcanzar en 2030. El DESI tiene cuatro dimensiones, que son las recogidas en el gráfico 1. En 2021, España ocupaba la 7ª posición en este indicador, con resultados dispares en los cuatro puntos cardinales de la brújula digital, pero con registros que siempre son superiores a la media de UE-27. En apretada síntesis: a) En Conectividad (infraestructuras digitales) nos ubicamos en la tercera plaza, debido en gran parte a la Dotación de banda ancha, tanto fija como móvil; b) Alcanzamos el 5º puesto en Servicios públicos digitales, con provechosas notas en Datos abiertos y Servicios prestados a ciudadanos y a empresas, obteniendo además una puntuación que, con gran diferencia, es la más alta de las cuatro dimensiones; c) En Capital humano descendemos al 10º puesto, con una nota sensiblemente más alta en los indicadores referentes a las Habilidades de los usuarios de internet que en los que conciernen a Empleo y capacidades de especialistas TIC; d) Integración de tecnología digital por las empresas es el campo donde el margen de mejora es mayor y, por ello, examinaremos con más detenimiento esta dimensión.

Esta última dimensión, reservada al tejido empresarial, consta de 13 indicadores simples, es decir, un tercio de los 33 que componen el DESI. Además, cada uno de ellos se adscribe a tres sub-dimensiones, que son las que figuran en el gráfico 2. En el conjunto de U-27, es la dimensión con valoración más baja de las cuatro; hecho que se reproduce en todos los estados miembros, con dos excepciones: Italia y Bélgica. El resultado español se llimitó a 38,5 sobre 100, levemente por encima de la media de la UE (36,1).

Los dos estados líderes del DESI –Finlandia y Dinamarca– y los dos más rezagados –Bulgaria y Rumanía– repiten posiciones en esta dimensión. El descenso en la clasificación de España es patente. Sin embargo, en el grupo formado por las cuatro grandes economías de la UE, solo es superada por Italia, ya que Alemania y Francia se ubican por debajo de la media. Tracemos el perfil básico de las tres sub-dimensiones:

  • Intensidad digital. El puesto de España es el mismo que el de la dimensión: 11º. Este componente está formado por cuatro indicadores simples. En dos –Intercambio de información electrónica y Redes sociales–los resultados son mejores que los de UE-27. En uno, son similares: PYMES con al menos un nivel básico de intensidad digital. Y en el cuarto, el diferencial negativo respecto a la media de UE-27 es sustancial: Big data.
  • Tecnologías digitales para empresas. Consta igualmente de cuatro indicadores simples. Es la sub-dimensión de la terna analizada con mejor valoración en los estados miembros (gráfico 2). España figura en la 12ª plaza. En TIC para la sostenibilidad ambiental, la nota rebasa con creces la media. Coincide prácticamente en dos: Facturas electrónicas e Inteligencia artificial. Y, de nuevo, la brecha desfavorable es de una gran entidad en el cuarto: Nube (cloud).
  • Comercio electrónico. Datos manifiestamente mejorables en los tres indicadores de la sub-dimensión. España desciende a la 13ª posición. Nuestros registros son cercanos a la media en Ventas internacionales en línea, la sobrepasan por poco en PYMES que venden online y son sensiblemente más bajos en Facturación de comercio electrónico.

Por tanto, la dimensión correspondiente a la digitalización de diferentes vertientes de la actividad empresarial es la que afronta mayores retos a lo largo de la presente década. No es un desafío menor, dado que, en buena medida, la competitividad de las empresas españolas está condicionada por la digitalización de todo tipo de procesos: productivos, organizativos, comerciales, medioambientales…

En marzo de 2021, la Comisión Europea presentó la Brújula Digital Europea, que pasa a ser la hoja de ruta de la transformación digital de la Unión Europea (EU) en la presente década. Los objetivos se encuadran en cuatro grandes dimensiones:

a) Capital humano, que persigue la mejora de las capacidades digitales de la población y unas altas cualificaciones de los profesionales en este crucial grupo de actividades;
b) Conectividad, que se refiere a unas infraestructuras digitales sostenibles, seguras y eficaces;
c) Integración de economía digital, vinculada a las empresas;
d) Servicios públicos digitales.

La inversión prevista se eleva a 250.000 millones de euros, procedentes principalmente de los fondos NextGenerationEU. Se trata de una batería de medidas tendentes a desarrollar las capacidades estratégicas en el terreno que nos ocupa, tanto desde un punto de vista económico –productividad, competitividad…– como del bienestar social, a través del refuerzo de los derechos de los ciudadanos en diversas áreas. En suma, lo que está en juego es forjar la soberanía digital europea a lo largo del presente decenio.

Gráfico 1. Resultados del DESI en los estados miembros de UE-27. 2021.

Todas las políticas públicas deben fijar unos objetivos cuantificables y sometidos a un calendario, con el fin de implementar un seguimiento que permita supervisar su grado de cumplimiento. Por ello, la Comisión ha reformado el Digital Economy and Society Index (DESI) para convertirlo en la herramienta estadística que permita el examen de los avances digitales de los Estados miembros. Para una cabal comprensión de los resultados que se exponen en el gráfico 1 es necesario realizar tres aclaraciones: a) Se trata de un índice compuesto, formado a partir de 33 indicadores simples; b) Cada uno de estos indicadores se integran en una de las cuatro dimensiones citadas; c) Los datos de las diferentes variables intervinientes se han normalizado, lo que implica que su rango en los resultados de los 27 estados miembros se extiende de 0 a 100.

El gráfico 1 muestra la posición de los estados en la brújula digital de la UE en 2021. España se encuentra en una aventajada situación, con un resultado agregado de 60,9, instalándose en el 7º puesto. Finlandia (69,6), Dinamarca (69,3) y Países Bajos (67,4) lideran la clasificación, que se cierra con Grecia (38,9), Bulgaria (37,7) y Rumanía (30,6). El dato español es claramente superior al de UE-27 (52,3), lo que es muy poco habitual en la amplísima colección de los indicadores económicos y sociales disponibles. Además, nuestra posición es mucho más favorable que la del resto de grandes economías nacionales: Francia (53,3), Alemania (52,9) e Italia (49,3). Por otro lado, puede advertirse que, en mayor o menor medida, está mejor ubicada que el conjunto de UE-27 en los cuatro puntos cardinales de la brújula, sobre lo que volveremos en una próxima entrega con mayor precisión.

Gráfico 2. Evolución del DESI. 2016-2021.

El gráfico 2 da cuenta de la evolución del índice compuesto entre 2016 y 2021, restringiendo la visión a ocho estados miembros: los dos líderes, los dos más rezagados y las cuatro grandes economías. El progreso no solo es general, sino también notable. El nivel del DESI español se incrementó un 50,0%, lo que nos ha permitido ganar dos posiciones en detrimento de Estonia y Luxemburgo. Finlandia y Dinamarca encabezan la ordenación en ambos años, sucediendo prácticamente lo mismo en la cola de la distribución con Bulgaria –que desciende un puesto a favor de Grecia– y Rumanía. Alemania, Francia e Italia mejoran sensiblemente su situación, si bien sigue siendo manifiestamente mejorable de acuerdo a su grado de desarrollo económico en el seno de la UE.

Por tanto, la posición que marca la brújula digital para España es positiva. Queda mucho camino por recorrer hasta 2030 y resulta imprescindible mantener el pulso del periodo 2016/21. Y, al mismo tiempo, priorizar las actuaciones en las dos dimensiones en las que nuestros resultados no son tan favorables: Capital humano e Integración de economía digital en el ámbito empresarial.

Las estadísticas sobre I+D+i adolecen de una grave carencia: la atención que prestan a las aplicaciones productivas del proceso investigador e innovador es muy inferior a la que dedican a los recursos movilizados. A tal efecto, uno de los resultados más relevantes son los diferentes títulos de propiedad industrial, cuya información a escala regional se limita al número de las solicitudes registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es obvio que la explotación estadística de ese registro público podría enriquecer sustancialmente los datos disponibles sobre las CCAA: solicitantes, titularidad pública o privada, sectores, tipo de tecnología… En la actualidad, esa posibilidad no deja de ser un piadoso deseo.

Una patente es un título que garantiza un alto grado de protección a una invención mediante el derecho a explotarla con exclusividad por un periodo de 20 años. Según el art. 4 de la Ley 24/2015 de Patentes, las innovaciones que, en cualquier campo tecnológico, impliquen una alta actividad inventiva y sean nuevas y susceptibles de aplicación industrial son patentables. Los modelos de utilidad suponen una relajación de los requisitos exigidos a las patentes, protegiendo innovaciones con inferior creatividad que, habitualmente, suelen consistir en mejoras de productos preexistentes, reduciendo la exclusividad de la aplicación a 10 años y limitando la cobertura al territorio nacional.

En 2021, la OEPM registró 1.361 patentes y 2.928 modelos de utilidad. El gráfico 1 muestra la distribución regional de ambos títulos. Madrid lidera la ordenación, correspondiendo a la C. Valenciana el segundo puesto, seguida a cierta distancia por Cataluña. Andalucía y Castilla y León ocupan, asimismo, plazas aventajadas. Dada su dimensión económica, la octava posición de la Región de Murcia es tan llamativa como positiva, al haber solicitado 52 patentes y 97 modelos de utilidad, lo que conduce a un peso respectivo del 4,03% y del 3,31% en el total nacional. Porcentajes inusuales, que dan lugar además a una holgada brecha con las nueve comunidades con inferior aportación.

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un bien o un servicio, que permite diferenciarlo de los productos de la competencia. Un nombre comercial otorga la utilización exclusiva de un signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Para que se nos entienda mejor: Zara es la marca principal de un grupo empresarial cuyo nombre comercial es Inditex. Un diseño es un título que otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la fisonomía de un producto en función de determinados atributos: forma, color, textura, materiales… El periodo de vigencia de las marcas y los nombres comerciales se extiende a lo largo de 10 años, pudiendo prorrogarse indefinidamente si se procede a la correspondiente renovación decenal. En el caso de los diseños, la duración de la protección se reduce a 5 años y, como máximo, dura 25 años si se va reponiendo de forma quinquenal.

En España, a lo largo de 2021, se solicitaron 50.017 marcas, 13.041 nombres comerciales y 11.981 diseños. El gráfico 2 da cuenta de las contribuciones regionales a esos tres títulos de la propiedad industrial. Madrid, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía concentraron los dos tercios de las solicitudes, de tal forma que la contribución de las trece comunidades restantes cae de forma notoria. Las cuotas de la Región de Murcia mantuvieron las siguientes cifras: en marcas 3,04%, en nombres comerciales 2,39% y  en diseños 2,67%. Aportaciones respetables, si se considera que nuestra participación en el PIB español de 2021 coincide con la menor de las tres cuotas anteriores.

Establecer una jerarquización de los cinco títulos de propiedad industrial es ardua tarea sin información adicional. En principio, las patentes son las que pueden tener un mayor impacto productivo, pero es imposible contrastarlo con los precarios datos ofrecidos. Conviene resaltar que es en patentes donde la contribución regional alcanzó un máximo en 2021. Resultado sorprendente si se considera que la participación regional en el gasto interno nacional en I+D fue de un 2,04% en ese mismo año, que es también claramente inferior a las cuotas mencionadas para los otros cuatro títulos de la propiedad industrial.

La biotecnología es definida por la OCDE como “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para alterar el material vivo o inerte, con el fin de producir conocimientos, bienes y/o servicios”. Sus aplicaciones cubren un amplio campo de actividades: salud humana, salud animal, acuicultura, agricultura, producción forestal, alimentación, industria, energía, medio ambiente… Sin entrar en cuestiones éticas –que adquieren una crucial importancia en determinadas vertientes como las técnicas referentes al código genético–, se trata no solo de una disciplina científica con un soberbio futuro, sino que alberga además un gran potencial productivo. Según la OCDE, las aplicaciones económicas de la biotecnología pueden llegar a aportar el 3% del PIB de los países desarrollados en 2030, lo que supondría triplicar el peso de 2020. Dado que es previsible que ese indicador tenga un alto grado de dispersión, esperemos que se tomen las medidas que incentiven a los centros públicos y a las empresas para que nuestro país no se ubique, como es habitual en I+D, significativamente por debajo de tal media.

En España, la biotecnología contribuyó, con una inversión de 2.269 millones de € en 2021, al 13,2% del total del gasto nacional en I+D interna. En la Región de Murcia, los respectivos registros fueron 52,3 millones y un 14,9%, por lo que cabe hablar de una moderada especialización biotecnológica relativa de la I+D regional. El gráfico 1 muestra la composición regional del gasto nacional en el último decenio, destacando las cuotas de Cataluña (creciente) y la de Madrid (descendente). La Región de Murcia, con una aportación del 2,3%, se sitúa en el octavo puesto en 2011 y 2021, si bien presenta una levísima caída de menos de dos décimas entre ambos años. Se trata de una posición poco usual para la mayor parte de los indicadores de I+D, que nos sitúa por encima de regiones de elevada renta por habitante en el contexto nacional –Navarra y Aragón– y a considerable distancia de las contribuciones de comunidades con mayor dimensión económica, como Canarias y Castilla-La Mancha.

Por sectores ejecutores del gasto, los datos del INE para las CCAA solo permiten distinguir el de las empresas, puesto que los organismos investigadores de las AAPP –desde el CSIC al IMIDA–, las universidades públicas y privadas, y las organizaciones sin fines de lucro forman un cajón de sastre: resto de sectores. Además, por razones de secreto estadístico, no se ofrece información sobre cuatro comunidades. La información disponible para las restantes queda reflejada en el gráfico 2, donde figura la participación de las empresas y el resto de sectores en el gasto total de 2021.

Sin subvalorar la relevancia de la investigación básica y aplicada realizada por diferentes organismos e instituciones públicas, resulta indudable que la desplegada por las empresas tiene la virtud de disfrutar de un grado de conexión mayor con la mejora de los procesos y productos que conforman la estructura productiva del territorio en el que desarrollan su actividad. En el tema que nos ocupa, un primer dato es tan elocuente como positivo: la contribución murciana al total del gasto nacional de las empresas en I+D interna se limitó a un 1,7% en 2021, mientras que en el campo de la Biotecnología ascendió al 2,4%. En definitiva, el compromiso empresarial es, en la Región de Murcia, significativamente mayor en este componente de la I+D que en el total. 

El gráfico 2 da cuenta de esa participación empresarial en 2021, que se cifró en un 45,7% a nivel nacional, dando lugar a un amplio abanico, desde el destacado máximo del País Vasco (75,3%) al mínimo de Asturias (29,0%). La cuota de Extremadura en el gasto nacional de I+D interna en Biotecnología es imperceptible (gráfico 1), pero se ubica en el segundo puesto en cuando a la relevancia de la fracción empresarial del mismo (58,5%). Cataluña ocupa la tercera posición (49,2%). Y, en cuanto a nuestra comunidad, baste señalar que se situó en la cuarta plaza (47,5%), lo que refrenda esa mayor responsabilidad empresarial con respecto a I+D en Biotecnología. Por tanto, se trata de un valioso activo que, como tal, debería ser muy tenido en cuenta a la hora de implementar políticas orientadas al fomento de la incorporación del conocimiento a nuestro tejido productivo por parte de las autoridades públicas.

Cerramos este bloque destinado a las TIC, examinando a las empresas con menos de 10 empleados, ya que en las anteriores entregas solo se han incluido, por imperativo de los datos disponibles, las que igualaban o superaban ese umbral. Según el INE (Explotación Estadística del DIRCE), ese grupo de pequeñas empresas constituía el 95,0% del total de las existentes en el entramado productivo de la Región de Murcia en 2022 –una fracción muy cercana a la del conjunto nacional (95,7%)–, lo que exige proporcionar información sobre este importante componente del armazón empresarial regional. Sin embargo, la información proporcionada por la ETICCE es mucho más reducida que la referente a las empresas con 10 o más empleados, limitándose a ocho variables básicas, con las que hemos elaborado cuatro indicadores, que seguidamente presentamos en dos apartados.

El gráfico 1 recoge dos relaciones. La primera (A) es la proporción de empresas que utilizan internet. Puede percibirse que los registros son elevados y no ofrecen una alta dispersión. El rango se extiende desde el mínimo de Asturias (80,3%) al máximo de Cataluña (90,5%), con una media nacional del 86,0%. Nuestra región ocupa un preocupante penúltimo lugar con un 80,7%. La segunda relación (B) se refiere a la porción de empresas que, con internet, disponen de página web. En esta ratio, la dispersión se amplía y, por ello, guía la ordenación del gráfico 1. El valor más alto corresponde a Madrid, con un destacado 43,2%, y el más bajo a Extremadura (19,8%), situándose la Región de Murcia (25,1%) en la precaria posición 15ª, con un diferencial desfavorable de 6,7 puntos respecto a la media española (31,8%).

Si combinamos ambos indicadores, obtenemos la proporción del total de empresas con menos de 10 empleados que tienen sitio web, que se reduce al 27,4% de las nacionales, cayendo al 20,7% en las murcianas, el segundo registro más bajo de todas las CC.AA., solo por encima de Extremadura (17,0%). Por tanto, los datos nos devuelven una imagen muy similar a la de las empresas con 10 o más empleados: una comunidad que padece una sustancial brecha digital en el contexto español.

El gráfico 2 da cuenta de otros dos indicadores. El tercero es la fracción de empresas con internet que utilizan las redes sociales para diferentes fines (C), desde favorecer un contacto más estrecho con sus clientes a la promoción de sus marcas. El dato nacional se limita al 36,1%. Cataluña (39,7%) lidera la clasificación, emplazándose La Rioja (28,7%) en la última posición. La Región de Murcia (30,1%) se ubica en el puesto 12º.

El cuarto indicador concierne a la cuota de empresas que toman medidas de seguridad TIC (D). Los niveles de la ratio son sensiblemente superiores, respecto a las que tienen sitio web (B) y a las que emplean las redes sociales (C). La cifra nacional asciende al 55,3%, volviendo Cataluña (62,7%) a encabezar la clasificación, mientras que la cifra más baja es el de Castilla-La Mancha (44,2%). Con este indicador, la Región de Murcia (53,1%) se emplaza en el 7º puesto de la ordenación; resultado que constituye una positiva excepción a la regla de nuestras habituales posiciones rezagadas en cuanto a TIC.

Nótese que, con frecuencia, para una amplia gama de indicadores, se suele invocar que, como la presencia de las PYMES es mayor en nuestra comunidad que en el conjunto de España, se registra un efecto composición que provoca que los resultados agregados murcianos sean inferiores a los nacionales. Tras el preceptivo cotejo, hemos comprobado que no hay ningún efecto composición. Simplemente, la Región de Murcia se encuentra en una situación de atraso en cuanto al uso empresarial de las TIC en los dos grupos de empresas. Un escenario que es necesario revertir en los próximos años, si queremos que el gran vuelco que está suponiendo la digitalización en la gestión empresarial sea adecuadamente aprovechado por las empresas murcianas.

La IA se inició a mediados del siglo XX y, desde hace años, asistimos a los comienzos de una etapa en la que su aplicación empresarial implicará una revolución económica que afectará, en mayor o menor medida, a todos los procesos de producción de bienes y servicios. Hoy en día, su implantación en determinados ámbitos como la automatización de las tareas productivas, el procesamiento del lenguaje y el análisis de datos ha cobrado una importancia creciente. Cabe pensar que, a medio plazo, el progreso de la IA registre una aceleración que provocará un impacto sin precedentes sobre nuestro entramado productivo, cuyas consecuencias sobre la actividad y el empleo en España son difícilmente previsibles. Lo que es seguro es que las empresas que no afronten y solventen este reto se situarán en una posición de desventaja competitiva que, a la postre, puede acarrear su desaparición.    

La presencia de la IA en el entramado productivo español es aun débil: solo el 11,8% de las empresas con 10 o más empleados utilizan tecnologías IA, tal como queda recogido en el gráfico (columna A), que muestra la ordenación descendente de las CC.AA. en lo que concierne a este indicador. Madrid es la región que encabeza la clasificación, con un registro del 16,8%, seguida por C. Valenciana, Aragón y Cataluña. El mínimo corresponde a Castilla y León (7,4%), ocupando nuestra comunidad la decimotercera plaza con un 9,4%.

Asimismo, el gráfico da cuenta, dentro de ese minoritario grupo, de la fracción de las empresas que utilizan análisis de datos con aprendizaje automático (columna B), es decir, sistemas capaces de reconocer patrones y facilitar la toma de decisiones. Es una herramienta que permite obtener provechosas informaciones de diferente índole como, por ejemplo, la previsión de la evolución del mercado y de las preferencias de la demanda. La proporción de las empresas españolas que, recurriendo a la IA, se valen de esta técnica se eleva a algo más de un tercio (34,1%), lo que equivale a un precario 4,0% del total de empresas contabilizadas por el INE. En este segundo indicador, Cantabria (50,7%) lidera la ordenación, acompañada de cerca por Madrid (49,0%) y, a cierta distancia, por Baleares (46,9%) y Asturias (41,6%). El dato más bajo corresponde a Castilla-La Mancha (12,1%), situándose la Región de Murcia en la penúltima posición (14,1%), lo que solo supone el 1,3% del total de empresas regionales con 10 o más empleados.

 La tabla presenta el empleo de la robótica en la Región de Murcia y en España: las cifras vuelven a ser modestas, al situarse por debajo del 10% de las empresas. El diferencial es reducido, pero hay que añadir que nuestra comunidad vuelva a ocupar una posición atrasada –la 12ª– en la clasificación, cuya cota más elevada es la de Navarra (13,8%) y, curiosamente, la más baja corresponde a Madrid (4,7%). Además, la tabla proporciona las principales razones explicativas de su utilización. Más de la mitad de esa fracción minoritaria de las empresas nacionales y regionales invocan tres motivos. Primero, garantizar una mayor precisión o calidad de procesos y productos. Segundo, ampliar la gama de productos, donde el porcentaje de empresas regionales sobrepasa al de las nacionales. Tercero, mejorar la seguridad laboral. Del resto de motivos, solo señalaremos que el alto coste del factor trabajo posee poca incidencia en nuestra comunidad, y cobra más fuerza a nivel nacional; sucediendo lo mismo en lo que respecta a las dificultades para la contratación de personal especializado.

En suma, en lo que concierne a la IA, una de vertientes de las TIC con mayor potencial en la innovación de los procesos productivos, organizativos y comerciales, las empresas murcianas vuelven a ocupar un puesto rezagado en el escenario español, por lo que solo cabe esperar que, con los pertinentes incentivos públicos y la positiva respuesta empresarial, esa brecha digital se vaya reduciendo en los próximos años con el fin de reforzar la posición competitiva de nuestro tejido productivo. No es difícil comprender lo mucho que nos jugamos ante este desafío.  

En la actualidad, la transformación digital de una empresa no se puede plantear como una de las opciones posibles, sino más bien como una condición necesaria para garantizar su supervivencia en el mercado global. Con el avance del proceso de digitalización, las empresas han ido incorporando especialistas TIC en su plantilla, de tal forma que su grado de presencia se convierte en una medida adecuada de su progreso en esta materia.

El gráfico 1 recoge para las CC.AA. en el primer trimestre de 2022, su posición en función de los datos relativos a dos variables complementarias: a) Fracción de las empresas que emplean especialistas TIC (A); b) Peso de los especialistas TIC en el empleo total (B). En España, las cifras se sitúan en un 17,2% y en un 4,1%, respectivamente. Como es habitual, los datos regionales dan lugar a un amplio abanico, situándose en la franja superior Madrid, Cataluña y País Vasco y, en la inferior, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha. En el caso de nuestra comunidad, la proporción de empresas con especialistas TIC se limita a un 11,2% y el peso de este tipo de personal cualificado en el empleo total cae a un 1,2%.  Hay que señalar que el segundo de los registros anteriores es el más bajo de las 17 CC.AA.

El gráfico 2 recoge otro par de proporciones. La tercera se refiere a la porción de empresas que emprendieron acciones formativas en TIC para sus empleados (C). La cuarta a la cuota de las empresas cuyas funciones TIC fueron encomendadas a personal propio (D). En España, las cifras respectivas son 39,0% y un 21,7%. Madrid, Cataluña y País Vasco vuelven a encabezar la clasificación y la cierran las mismas comunidades que en el gráfico 1, pero se altera el orden: Castilla-La Mancha, Cantabria y Región de Murcia. La última posición de nuestra comunidad se debe a que las acciones formativas en TIC solo fueron implementadas por el 28,7% de las empresas y, especialmente, al hecho de que la proporción de las empresas que recurren a personal propio para llevar a cabo sus funciones TIC desciende al 13,5%, lo que acarrea un destacado mínimo en el contexto español.

Por consiguiente, la información utilizada sobre el personal TIC pone de manifiesto, de nuevo, que nuestras empresas adolecen de una importante brecha digital. Conviene aclarar que la razón no estriba en un mayor grado de dificultad para cubrir vacantes de especialistas TIC. Efectivamente, en España, ese grado de dificultad es relativamente bajo puesto que, en el primer trimestre de 2022, solo el 4,7% de las empresas demandantes de ese tipo de trabajadores se encontraron con alguna traba como la falta de solicitudes, la ausencia de cualificación, la insuficiencia de la experiencia laboral o las expectativas salariales de los aspirantes. En la Región de Murcia, tal proporción desciende al 3,3%, ocupando la posición central de la distribución, es decir, el 9º puesto.

Una prueba del intenso avance de la sociedad de la información en los últimos lustros la aporta el hecho de que la proporción de las empresas con 10 o más empleados que utilizaron ordenadores, en el primer trimestre de 2022, se cifró en un 99,2% en España y en un 99,8% en la Región de Murcia. Además, esos altísimos registros se vuelven a dar si nos referimos a las que están conectadas a internet. Pero lo anterior no es suficiente, puesto que lo verdaderamente importante son los usos que se hacen de las TIC, que pueden contribuir, en mayor o menor medida, a una sensible mejora de la asignación del trabajo disponible y, por tanto, a elevar su productividad, lo que propicia efectos positivos sobre la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

El gráfico 1 ubica las comunidades autónomas en función de las empresas que disponen de página web y de la fracción de empleados que utilizan internet con fines empresariales. Las regiones están ordenadas en una escala decreciente de acuerdo con la media de los dos indicadores recogidos, figurando en el extremo de la derecha las dos cifras correspondientes al conjunto de España. Lo primero que debe destacarse es que la Región de Murcia ocupa la última posición y, además, lo hace en las dos proporciones indicadas. La fracción de empresas con web se eleva a un 68,9%, casi diez puntos por debajo de la media nacional (78,5%). Ese diferencial se dobla en lo que atañe a la cuota de empleados que utiliza internet con fines empresariales: 46,0% frente a una cifra española del 66,1%. Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón ocupan las primeras posiciones y, en la parte inferior de la distribución, nuestra comunidad es acompañada por Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Nótese que la dispersión es mucho mayor en el segundo indicador y que el mínimo de la Región de Murcia está a una significativa distancia del nivel de Extremadura, que se ubica en la penúltima plaza.

El gráfico 2 muestra, por un lado, la porción de empresas que recurren a internet para reuniones con todo tipo de agentes, internos o externos, y, por otro, la de las que han implantado el teletrabajo. Los niveles de estos dos indicadores son sensiblemente inferiores a los de los proporcionados en el gráfico 1, situándose la Región de Murcia en la penúltima posición. La fracción de empresas de la comunidad que recurren a reuniones no presenciales se limita a un 39,5% frente a una media española del 53,4% y, en el teletrabajo, las cifras respectivas son 24,1% y 40,8%. La distancia es, pues, considerable. No hay grandes cambios en la clasificación, siendo uno de los más significativos que Cataluña releva a Madrid en la primera posición, lo que no impide que, en la parte alta de la distribución, las dos ordenaciones conduzcan a resultados muy similares. Por abajo, los cambios cobran mayor entidad, al sustituir Extremadura como farolillo rojo a la Región de Murcia, ubicándose cerca de ambas Canarias, Castilla-La Mancha y Cantabria.

Por consiguiente, nuestras empresas padecen una brecha digital de considerables dimensiones en el contexto español. Conviene, de nuevo, recordar que la operación estadística del INE excluye a la agricultura y que, por tanto, no cabe invocar el superior peso productivo y ocupacional de este sector en la estructura económica regional. Las tecnologías digitales son, en la actualidad, una de las principales palancas de la competitividad y, por ende, del potencial de crecimiento económico de cualquier territorio. Los datos suministrados expresan de forma nítida que la Región de Murcia sufre una notable desventaja comparativa en lo que respecta al aprovechamiento de las oportunidades abiertas por la digitalización de importantes áreas de la gestión empresarial.