En la anterior newsletter ofrecimos información procedente del Panel Europeo de Innovación (EIS), que se refiere básicamente a los estados miembros de la UE. Para garantizar la cobertura estadística de las regiones, la Comisión Europea suministra el Regional Innovation Scoreboard (RIS).Estas dos fuentes de información proporcionan indicadores diferentes, dado que una considerable parte de los utilizados para la elaboración del EIS no están disponibles para una elevada proporción de regiones europeas. No obstante, los indicadores que conforman el RIS se elevan a 33, razón por la cual constituyen un fértil panel para calibrar el esfuerzo y los resultados alcanzados en el terreno de la innovación. Hay que aclarar que el RIS no facilita datos sobre los estados miembros, razón por la cual hemos optado por contextualizar los datos de la Región de Murcia con los del resto de las autonomías españolas.

Esta entrega se destina a los inputs de la innovación. El gráfico ordena las CCAA en función de la media aritmética simple de los valores normalizados –con un rango de 0 a 1– de los inputs que dan cuenta del esfuerzo innovador, que es el procedimiento utilizado habitualmente por la Comisión Europea. País Vasco ostenta un destacado máximo (0,549), siendo la única región española por encima de la barrera del centro (0,5) del rango citado. Por tanto, de nuevo cabe concluir que el esfuerzo innovador es, en general, manifiestamente mejorable. En efecto, Navarra (0,493), Comunidad de Madrid (0,451) y Cataluña (0,446) ocupan las siguientes posiciones, con un modesto indicador en este ámbito. Y por la parte baja de la distribución, hay cuatro autonomías con niveles por debajo de 0,3: Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Canarias. La Región de Murcia se emplaza en la posición 12ª, con una media de 0,349, lo que sin duda constituye un resultado mediocre, si bien se puede alegar que los niveles de las tres comunidades que nos preceden se encuentran próximos al nuestro: Andalucía (0,363), Aragón (0,364) y Asturias (0,366).

La tabla muestra los cinco componentes que, de acuerdo con la selección realizada por COTEC[1], determinan el esfuerzo realizado en términos de innovación. Volviendo a nuestra comunidad, el nivel más alto de los inputs corresponde a Gasto público en I+D/PIB (0,480), que nos ubica en el puesto 7º en el concierto nacional. En Gasto empresarial en I+D/PIB ascendemos una posición, aunque en este caso el nivel sea sensiblemente más bajo (0,407) y, además, se comparte con Galicia y Comunidad Valenciana. Merece la pena resaltar que, en este segundo input, el País Vasco consigue la cifra más alta (0,711) de los 85 datos reflejados en la tabla para los 5 inputs en las 17 CCAA. En Gastos en innovación distintos de I+D/PIB –los más asequibles desde un punto de vista empresarial–, la cuantía es muy baja (0,262), lo que acarrea que nos emplacemos en el tercer puesto por la cola. En el cuarto indicador, Gasto total en innovación por empleo, el nivel (0,343) es el más cercano al agregado, lo que conduce a compartir la misma plaza (12ª). Por último, en Porcentaje de PYMES que colaboran en proyectos de innovación se presenta la cota más baja (0,251), aunque el puesto sea el 11º.

El panorama es, en principio, poco alentador. Ahora bien, como veremos, esta magra batería de inputs no es un obstáculo para que, en el contexto nacional, los resultados de la Región de Murcia en lo que concierne al output innovador sean muy decorosos. La relación entre los resultados conseguidos y el esfuerzo realizado permitirá aproximarnos a la eficiencia del proceso de innovación, donde los registros de la Región de Murcia son tan sorprendentes como positivos

[1] Fundación COTEC (2022): El RIS a examen.

En la entrega anterior, hemos analizado el meritorio puesto que España ocupa en el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI). Indicador compuesto utilizado para testar los avances de los estados miembros de la UE en lo que atañe a las metas digitales que se deben alcanzar en 2030. El DESI tiene cuatro dimensiones, que son las recogidas en el gráfico 1. En 2021, España ocupaba la 7ª posición en este indicador, con resultados dispares en los cuatro puntos cardinales de la brújula digital, pero con registros que siempre son superiores a la media de UE-27. En apretada síntesis: a) En Conectividad (infraestructuras digitales) nos ubicamos en la tercera plaza, debido en gran parte a la Dotación de banda ancha, tanto fija como móvil; b) Alcanzamos el 5º puesto en Servicios públicos digitales, con provechosas notas en Datos abiertos y Servicios prestados a ciudadanos y a empresas, obteniendo además una puntuación que, con gran diferencia, es la más alta de las cuatro dimensiones; c) En Capital humano descendemos al 10º puesto, con una nota sensiblemente más alta en los indicadores referentes a las Habilidades de los usuarios de internet que en los que conciernen a Empleo y capacidades de especialistas TIC; d) Integración de tecnología digital por las empresas es el campo donde el margen de mejora es mayor y, por ello, examinaremos con más detenimiento esta dimensión.

Esta última dimensión, reservada al tejido empresarial, consta de 13 indicadores simples, es decir, un tercio de los 33 que componen el DESI. Además, cada uno de ellos se adscribe a tres sub-dimensiones, que son las que figuran en el gráfico 2. En el conjunto de U-27, es la dimensión con valoración más baja de las cuatro; hecho que se reproduce en todos los estados miembros, con dos excepciones: Italia y Bélgica. El resultado español se llimitó a 38,5 sobre 100, levemente por encima de la media de la UE (36,1).

Los dos estados líderes del DESI –Finlandia y Dinamarca– y los dos más rezagados –Bulgaria y Rumanía– repiten posiciones en esta dimensión. El descenso en la clasificación de España es patente. Sin embargo, en el grupo formado por las cuatro grandes economías de la UE, solo es superada por Italia, ya que Alemania y Francia se ubican por debajo de la media. Tracemos el perfil básico de las tres sub-dimensiones:

• Intensidad digital. El puesto de España es el mismo que el de la dimensión: 11º. Este componente está formado por cuatro indicadores simples. En dos –Intercambio de información electrónica y Redes sociales–los resultados son mejores que los de UE-27. En uno, son similares: PYMES con al menos un nivel básico de intensidad digital. Y en el cuarto, el diferencial negativo respecto a la media de UE-27 es sustancial: Big data.
• Tecnologías digitales para empresas. Consta igualmente de cuatro indicadores simples. Es la sub-dimensión de la terna analizada con mejor valoración en los estados miembros (gráfico 2). España figura en la 12ª plaza. En TIC para la sostenibilidad ambiental, la nota rebasa con creces la media. Coincide prácticamente en dos: Facturas electrónicas e Inteligencia artificial. Y, de nuevo, la brecha desfavorable es de una gran entidad en el cuarto: Nube (cloud).
• Comercio electrónico. Datos manifiestamente mejorables en los tres indicadores de la sub-dimensión. España desciende a la 13ª posición. Nuestros registros son cercanos a la media en Ventas internacionales en línea, la sobrepasan por poco en PYMES que venden online y son sensiblemente más bajos en Facturación de comercio electrónico.

Por tanto, la dimensión correspondiente a la digitalización de diferentes vertientes de la actividad empresarial es la que afronta mayores retos a lo largo de la presente década. No es un desafío menor, dado que, en buena medida, la competitividad de las empresas españolas está condicionada por la digitalización de todo tipo de procesos: productivos, organizativos, comerciales, medioambientales…

Las estadísticas sobre I+D+i adolecen de una grave carencia: la atención que prestan a las aplicaciones productivas del proceso investigador e innovador es muy inferior a la que dedican a los recursos movilizados. A tal efecto, uno de los resultados más relevantes son los diferentes títulos de propiedad industrial, cuya información a escala regional se limita al número de las solicitudes registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es obvio que la explotación estadística de ese registro público podría enriquecer sustancialmente los datos disponibles sobre las CCAA: solicitantes, titularidad pública o privada, sectores, tipo de tecnología… En la actualidad, esa posibilidad no deja de ser un piadoso deseo.

Una patente es un título que garantiza un alto grado de protección a una invención mediante el derecho a explotarla con exclusividad por un periodo de 20 años. Según el art. 4 de la Ley 24/2015 de Patentes, las innovaciones que, en cualquier campo tecnológico, impliquen una alta actividad inventiva y sean nuevas y susceptibles de aplicación industrial son patentables. Los modelos de utilidad suponen una relajación de los requisitos exigidos a las patentes, protegiendo innovaciones con inferior creatividad que, habitualmente, suelen consistir en mejoras de productos preexistentes, reduciendo la exclusividad de la aplicación a 10 años y limitando la cobertura al territorio nacional.

En 2021, la OEPM registró 1.361 patentes y 2.928 modelos de utilidad. El gráfico 1 muestra la distribución regional de ambos títulos. Madrid lidera la ordenación, correspondiendo a la C. Valenciana el segundo puesto, seguida a cierta distancia por Cataluña. Andalucía y Castilla y León ocupan, asimismo, plazas aventajadas. Dada su dimensión económica, la octava posición de la Región de Murcia es tan llamativa como positiva, al haber solicitado 52 patentes y 97 modelos de utilidad, lo que conduce a un peso respectivo del 4,03% y del 3,31% en el total nacional. Porcentajes inusuales, que dan lugar además a una holgada brecha con las nueve comunidades con inferior aportación.

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un bien o un servicio, que permite diferenciarlo de los productos de la competencia. Un nombre comercial otorga la utilización exclusiva de un signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Para que se nos entienda mejor: Zara es la marca principal de un grupo empresarial cuyo nombre comercial es Inditex. Un diseño es un título que otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la fisonomía de un producto en función de determinados atributos: forma, color, textura, materiales… El periodo de vigencia de las marcas y los nombres comerciales se extiende a lo largo de 10 años, pudiendo prorrogarse indefinidamente si se procede a la correspondiente renovación decenal. En el caso de los diseños, la duración de la protección se reduce a 5 años y, como máximo, dura 25 años si se va reponiendo de forma quinquenal.

En España, a lo largo de 2021, se solicitaron 50.017 marcas, 13.041 nombres comerciales y 11.981 diseños. El gráfico 2 da cuenta de las contribuciones regionales a esos tres títulos de la propiedad industrial. Madrid, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía concentraron los dos tercios de las solicitudes, de tal forma que la contribución de las trece comunidades restantes cae de forma notoria. Las cuotas de la Región de Murcia mantuvieron las siguientes cifras: en marcas 3,04%, en nombres comerciales 2,39% y  en diseños 2,67%. Aportaciones respetables, si se considera que nuestra participación en el PIB español de 2021 coincide con la menor de las tres cuotas anteriores.

Establecer una jerarquización de los cinco títulos de propiedad industrial es ardua tarea sin información adicional. En principio, las patentes son las que pueden tener un mayor impacto productivo, pero es imposible contrastarlo con los precarios datos ofrecidos. Conviene resaltar que es en patentes donde la contribución regional alcanzó un máximo en 2021. Resultado sorprendente si se considera que la participación regional en el gasto interno nacional en I+D fue de un 2,04% en ese mismo año, que es también claramente inferior a las cuotas mencionadas para los otros cuatro títulos de la propiedad industrial.

Cerramos este bloque destinado a las TIC, examinando a las empresas con menos de 10 empleados, ya que en las anteriores entregas solo se han incluido, por imperativo de los datos disponibles, las que igualaban o superaban ese umbral. Según el INE (Explotación Estadística del DIRCE), ese grupo de pequeñas empresas constituía el 95,0% del total de las existentes en el entramado productivo de la Región de Murcia en 2022 –una fracción muy cercana a la del conjunto nacional (95,7%)–, lo que exige proporcionar información sobre este importante componente del armazón empresarial regional. Sin embargo, la información proporcionada por la ETICCE es mucho más reducida que la referente a las empresas con 10 o más empleados, limitándose a ocho variables básicas, con las que hemos elaborado cuatro indicadores, que seguidamente presentamos en dos apartados.

El gráfico 1 recoge dos relaciones. La primera (A) es la proporción de empresas que utilizan internet. Puede percibirse que los registros son elevados y no ofrecen una alta dispersión. El rango se extiende desde el mínimo de Asturias (80,3%) al máximo de Cataluña (90,5%), con una media nacional del 86,0%. Nuestra región ocupa un preocupante penúltimo lugar con un 80,7%. La segunda relación (B) se refiere a la porción de empresas que, con internet, disponen de página web. En esta ratio, la dispersión se amplía y, por ello, guía la ordenación del gráfico 1. El valor más alto corresponde a Madrid, con un destacado 43,2%, y el más bajo a Extremadura (19,8%), situándose la Región de Murcia (25,1%) en la precaria posición 15ª, con un diferencial desfavorable de 6,7 puntos respecto a la media española (31,8%).

Si combinamos ambos indicadores, obtenemos la proporción del total de empresas con menos de 10 empleados que tienen sitio web, que se reduce al 27,4% de las nacionales, cayendo al 20,7% en las murcianas, el segundo registro más bajo de todas las CC.AA., solo por encima de Extremadura (17,0%). Por tanto, los datos nos devuelven una imagen muy similar a la de las empresas con 10 o más empleados: una comunidad que padece una sustancial brecha digital en el contexto español.

El gráfico 2 da cuenta de otros dos indicadores. El tercero es la fracción de empresas con internet que utilizan las redes sociales para diferentes fines (C), desde favorecer un contacto más estrecho con sus clientes a la promoción de sus marcas. El dato nacional se limita al 36,1%. Cataluña (39,7%) lidera la clasificación, emplazándose La Rioja (28,7%) en la última posición. La Región de Murcia (30,1%) se ubica en el puesto 12º.

El cuarto indicador concierne a la cuota de empresas que toman medidas de seguridad TIC (D). Los niveles de la ratio son sensiblemente superiores, respecto a las que tienen sitio web (B) y a las que emplean las redes sociales (C). La cifra nacional asciende al 55,3%, volviendo Cataluña (62,7%) a encabezar la clasificación, mientras que la cifra más baja es el de Castilla-La Mancha (44,2%). Con este indicador, la Región de Murcia (53,1%) se emplaza en el 7º puesto de la ordenación; resultado que constituye una positiva excepción a la regla de nuestras habituales posiciones rezagadas en cuanto a TIC.

Nótese que, con frecuencia, para una amplia gama de indicadores, se suele invocar que, como la presencia de las PYMES es mayor en nuestra comunidad que en el conjunto de España, se registra un efecto composición que provoca que los resultados agregados murcianos sean inferiores a los nacionales. Tras el preceptivo cotejo, hemos comprobado que no hay ningún efecto composición. Simplemente, la Región de Murcia se encuentra en una situación de atraso en cuanto al uso empresarial de las TIC en los dos grupos de empresas. Un escenario que es necesario revertir en los próximos años, si queremos que el gran vuelco que está suponiendo la digitalización en la gestión empresarial sea adecuadamente aprovechado por las empresas murcianas.

En la actualidad, la transformación digital de una empresa no se puede plantear como una de las opciones posibles, sino más bien como una condición necesaria para garantizar su supervivencia en el mercado global. Con el avance del proceso de digitalización, las empresas han ido incorporando especialistas TIC en su plantilla, de tal forma que su grado de presencia se convierte en una medida adecuada de su progreso en esta materia.

El gráfico 1 recoge para las CC.AA. en el primer trimestre de 2022, su posición en función de los datos relativos a dos variables complementarias: a) Fracción de las empresas que emplean especialistas TIC (A); b) Peso de los especialistas TIC en el empleo total (B). En España, las cifras se sitúan en un 17,2% y en un 4,1%, respectivamente. Como es habitual, los datos regionales dan lugar a un amplio abanico, situándose en la franja superior Madrid, Cataluña y País Vasco y, en la inferior, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha. En el caso de nuestra comunidad, la proporción de empresas con especialistas TIC se limita a un 11,2% y el peso de este tipo de personal cualificado en el empleo total cae a un 1,2%.  Hay que señalar que el segundo de los registros anteriores es el más bajo de las 17 CC.AA.

El gráfico 2 recoge otro par de proporciones. La tercera se refiere a la porción de empresas que emprendieron acciones formativas en TIC para sus empleados (C). La cuarta a la cuota de las empresas cuyas funciones TIC fueron encomendadas a personal propio (D). En España, las cifras respectivas son 39,0% y un 21,7%. Madrid, Cataluña y País Vasco vuelven a encabezar la clasificación y la cierran las mismas comunidades que en el gráfico 1, pero se altera el orden: Castilla-La Mancha, Cantabria y Región de Murcia. La última posición de nuestra comunidad se debe a que las acciones formativas en TIC solo fueron implementadas por el 28,7% de las empresas y, especialmente, al hecho de que la proporción de las empresas que recurren a personal propio para llevar a cabo sus funciones TIC desciende al 13,5%, lo que acarrea un destacado mínimo en el contexto español.

Por consiguiente, la información utilizada sobre el personal TIC pone de manifiesto, de nuevo, que nuestras empresas adolecen de una importante brecha digital. Conviene aclarar que la razón no estriba en un mayor grado de dificultad para cubrir vacantes de especialistas TIC. Efectivamente, en España, ese grado de dificultad es relativamente bajo puesto que, en el primer trimestre de 2022, solo el 4,7% de las empresas demandantes de ese tipo de trabajadores se encontraron con alguna traba como la falta de solicitudes, la ausencia de cualificación, la insuficiencia de la experiencia laboral o las expectativas salariales de los aspirantes. En la Región de Murcia, tal proporción desciende al 3,3%, ocupando la posición central de la distribución, es decir, el 9º puesto.